Universitarios de Costa Rica por el SI al TLC

Juventud Socialista UCR

2007-11-27T16:13:00.001-06:00

En la patetica demostracion de terror y violencia del 26 de Noviembre del 2007, los mal llamados Juventud Socialista de la UCR, enmascarados, quemaron llantas contaminando el sector de San Pedro. Ya NADIE les cree payasos!!

TLC y Empleo

2007-09-05T11:47:00.001-06:00

Entrevista a E.T.

2007-08-03T02:16:00.001-06:00

Espero se diviertan!

Eso no es autonomía

2007-08-01T00:33:00.000-06:00

La UCR impone ideologías y no promueve el debate inclusivo

Alejandra Castro B.
acastro@uned.ac.cr
Profesora UCR y UNED

Siguiendo la línea política del rector Eugenio Trejos del ITCR, el Consejo Universitario y la Rectora de la UCR siguen socavando impunemente el prestigio de la Universidad y la confianza que los costarricenses otrora habíamos depositado en los centros estatales de educación superior. Y lo hacen al amparo, algunas veces, de un sofisma de independencia política del Consejo y, otras, alegando una representación de la comunidad universitaria que los apoya; desconociendo abiertamente la divergencia de criterios jurídicos, políticos, económicos e ideológicos que abundan en el campus. Es derecho propio de estas personas que opinen y abanderen criterios ideológicos a título personal, pero no en su investidura pública.

Con suma preocupación, leo en la prensa un nuevo pronunciamiento de la UCR, alegando violación a la autonomía aniversaria y la libertad de cátedra, pues ahora interpretan maliciosamente los criterios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al que acusan de menoscabar esos principios.

Parnaso de soberbia. Pero ¿de qué autonomía habla la Rectora? Es la autonomía que le ha permitido al grupúsculo que secuestró a la Universidad en un parnaso de soberbia, y que los ha llevado a conformar a dedo grupos de opositores al TLC para que de forma inconsulta se pronuncien en nombre de toda la comunidad universitaria en contra del tratado, del TSE, de la Sala Constitucional, del Gobierno y de los profesores y universitarios que no compartimos su criterio.

Son las mismas autoridades universitarias las que han menoscabado a tal grado la calidad y objetividad académica, que tanto distinguían a la UCR, que hasta arremeten en la prensa contra estu- diantes que se oponen a la decisión de desvirtuar el objetivo académico y profesional del trabajo comunal universitario (TCU), ahora usado en campaña contra el TLC.

Otros principios. La resolución N° 1617-E-2007 del TSE no viola la autonomía universitaria ni limita en nada las potestades de la Constitución en el artículo 84, pues la autonomía universitaria no es una adarga para que, en nombre del cuerpo estudiantil y docente, algunos administrativos abanderen la autonomía para hacer proselitismo. La autonomía y la libertad de cátedra amparan otros principios y en nada justifican que la Universidad –siendo institución del Estado– destine recursos públicos a favor de las campañas por el “sí” o el “no”.

Pero la UCR ya no forma opiniones. Hoy las pretende imponer incluso a costa de los escasos recursos públicos que tienen. Lo que es peor aún: impone ideologías y no promueve el debate inclusivo. Sus foros no ofrecen pluralidad y formación, sino adoctrinamiento. Solo, espero, que no sea muy tarde ya para rescatar a la Universidad de esta ignominia.

Tomado de La Nación

Denuncian a UCR

2007-07-31T17:12:00.000-06:00

DENUNCIAN A UCR POR USAR PLATA PÚBLICA EN CAMPAÑA DEL “NO”

Gerardo Ruiz Ramón

El Partido Liberación Nacional reprochó a las autoridades de la Universidad de Costa Rica, por haber otorgado permiso con goce de salario a su personal docente y administrativo para que participara en una marcha contra el TLC con Estados Unidos, realizada el pasado 14 de junio.

René Castro, secretario general de la divisa verdiblanca, aseguró que tal decisión de la rectora de la UCR, Yamileth González, constituye un uso de recursos públicos para hacer campaña contra el TLC, lo cual está prohibido en el Reglamento del Referendo emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones.

En el PLN afirman tener copia de la carta donde las autoridades académicas otorgaron el permiso con goce de salario a sus subalternos desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche del pasado 14 de agosto.

“No deja de sorprender que las universidades tengan que recurrir a que la gente vaya con salario a las marchas, a las manifestaciones o a los debates, pero sobre todo que aunque tienen claro que no pueden utilizar recursos públicos para este fin, lo estén haciendo”, dijo Castro.

Tomado de Diario Extra

En UCR se adoctrina y se acalla

2007-07-30T03:56:00.000-06:00

¿Mienten los de la Asociación de Estudiantes de Derecho?

Andrea Marín
Estudiante de Derecho, UCR

He sido estudiante de la Universidad de Costa Rica y de la carrera de Derecho desde el 2003. Ingresé a la carrera porque creía en la labor de defender a aquellos que no tienen voz.

En esos días, un tema comenzó a estar en la boca de muchos: la supuesta negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC).

Compañeros de otras facultades y profesores se levantaban indignados al pensar que la primera potencia mundial podía “colonizar” a nuestro país a través del TLC. Personalmente, no entendía el porqué de sus palabras, así que comencé a informarme al respecto, a escuchar a los que estaban en contra, a estudiar derecho internacional público y hasta comercio exterior con personeros del Comex; todo para darme cuenta de que sus argumentos en contra se basaban más en ideología antiyanqui que en verdadera oposición a un tratado comercial.

En espacios contra el Tratado (que eran los más), levanté la mano para plantear mis puntos de vista, con la esperanza de que alguno de ellos respondiera a mis inquietudes. Lo único que recibí fueron risas burlonas, argumentos vacíos y, en no pocas ocasiones, gritos y amenazas de lo que mi posición me traería.

Represión. Tomé la decisión de no permitir que mi voz fuese acallada en la Universidad, por lo que, cada vez que tenía oportunidad, demostraba en mis clases los conocimientos y posición favorable; esta decisión me ha costado muy cara, ya que me ha traído el disfavor de los profesores, regaños enérgicos en medio de las lecciones y miedo al recibir un examen, puesto que sé que pueden tomar represalias por mi posición. Compañeros y amigos de todas las carreras han sucumbido al temor y hoy callan en clase, con miedo de que compañeros intolerantes y profesores que promueven esta actitud los tilden de “neoliberales”, “fascistas” y hasta “vendepatrias”. Una institución que debería enseñar, ilustrar y crear opinión, hoy se utiliza para adoctrinar y acallar a quienes se le oponen.

Esta represión está vigente en todos los ámbitos del claustro, aun en sus medios de comunicación como Radio U, donde se nos acusa de “inocentes” o “con intereses escondidos” a todos los que apoyamos el Tratado. Tan solo llamé indignada una vez al oír esto al programa “Fuera del Paraíso” y pregunté cómo una emisora de la Universidad, que debería respetar posiciones, podía ser tan parcial, a lo que, molesta, la conductora me respondió: “Esta es una emisora de la U; nosotros estamos en contra del Tratado; por ende, todos nuestros programas estarán parcializados y tiene que aceptar eso”. Huelga decir que nunca se mencionó mi llamada al aire, y el programa culminó diciendo que todos los estudiantes “que piensan” están en contra del Tratado.

En Derecho. Felicito y apoyo a mis compañeros de la Asociación de Estudiantes de Derecho, que muy valientemente se han levantado diciendo lo que todos callan: se vive represión en la Universidad y es un hecho conocido por todos. A ellos no les ha importado ganarse el descontento de sus profesores, tampoco que los acusen de tener intereses escondidos al solicitar un debate serio y fundamentado del TLC. No se han hecho para atrás, aun cuando autoridades de la Universidad abusan de su posición y les dan votos de censura para callar su voz. Se han mantenido fieles a lo que creen y hoy demuestran que cumplen su vocación en la Facultad de Derecho y nos dan voz a muchos que no tenemos. Soy una testigo más de que sus palabras son reales. ¿Vamos a seguir creyendo lo que dicen las autoridades de la U? ¿Realmente los miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho mienten?

El traspié de la UCR

2007-07-30T02:51:00.001-06:00

Armando González

El fallo de la Sala IV sobre la constitucionalidad del TLC desacredita a la Universidad de Costa Rica. Los magistrados rechazaron todos los argumentos incluidos por la casa de estudios en su lujoso folleto sobre supuestos roces del TLC con la Constitución Política, pero el descrédito no está en el error de las tesis, sino en el dogmatismo con que la Universidad intentó imponerlas.

El folleto, editado con dinero público, solo recoge tesis de opositores al TLC, que a la postre resultaron erradas. En los círculos académicos abundan los defensores del Tratado, pero a ninguno de ellos se le invitó a participar. Ahora sabemos que sus tesis son las correctas, al menos desde el punto de vista de la Sala IV, pero nadie supo de ellas por boca de la Universidad.

Al silenciar las tesis favorables a la constitucionalidad del Tratado, y a la postre correctas, lo que pudo ser un sano contraste de argumentos jurídicos divergentes se convirtió en un panfleto político editado con dinero del público.

Insistan las autoridades universitarias en que los magistrados se equivocan, pero admitan, al menos, que las tesis opuestas tenían mérito suficiente para figurar en un folleto. Eso debería estar fuera de toda duda ahora que la Sala dio la razón a los defensores de la constitucionalidad del Tratado.

Para encuadrar su conducta en el espíritu académico, que todo lo cuestiona y todo lo indaga, la Universidad no debió faltar a su deber de incluir los dos puntos de vista. Sin embargo, hace rato que allí los valores de la academia cedieron terreno a la calentura de la militancia.

La crítica no calza a toda la comunidad universitaria, entre cuyos miembros abundan los fieles a los valores de la academia, pero sí a las autoridades capaces de tomar decisiones tan desafortunadas.

La Universidad no es un partido político y, si la ley le concede autonomía, es para que en ella se discuta, con absoluta libertad, la más variada gama de ideas. Ese pluralismo está en la base del quehacer académico y su promoción debería figurar entre las más altas prioridades del gobierno interno.

La UCR está a tiempo de enmendar el error. Podría publicar, por ejemplo, un folleto equivalente con el texto de la sentencia, incluyendo los votos disidentes. Es solo un deseo y vale la pena expresarlo, aunque no haya esperanza de verlo cumplido.

Tomado de La Nación

UCR la Conciencia crítica

2007-07-29T02:19:00.000-06:00

La Universidad de Costa Rica debe dar cuenta abierta de sus actos
La autonomía no implica aislarse ni estar por encima de las leyes

Hace unas tres décadas tomó vida el concepto de que la universidad debe ser la "conciencia crítica de la sociedad".

En general se ha referido a la importante misión que tienen los centros de enseñanza superior de iluminar con su pensamiento diferentes facetas del acontecer nacional; también, de identificar, denunciar y corregir problemas.

Años después, Carlos Tunnerman, la personalidad más destacada de la vida universitaria nicaragüense, replanteó la idea y postuló que, también, la sociedad debía ser "conciencia crítica de la universidad".

Quería decir que los individuos, grupos e instituciones están en el derecho, y también el deber, de pedir información, criticar o exigir cuentas a las autoridades de las universidades públicas.

El ejercicio de esta "conciencia crítica" social en relación con las universidades no afecta en nada su autonomía; menos, la libertad de cátedra y pensamiento, pilares fundamentales de su quehacer.

Simplemente, forma parte de un diálogo social constante, en el que las universidades no pueden pretender comunicarse en solo una vía. Por esto, cuando surgen cuestionamientos sobre actitudes o conductas de autoridades o instancias universitarias, lo que corresponde, de su parte, es ser absolutamente transparentes y brindar explicaciones exhaustivas, no caer en el cuestionable ejercicio de equipararlos con intentos por limitar su independencia.

Decimos lo anterior porque el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) y su rectora, Yamileth González, han reaccionado de una forma desproporcionada y falaz ante una apropiada observación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ante una consulta del joven Fernando Orozco, de la Asociación de Estudiantes de Derecho de esa institución, el TSE resolvió que la autonomía de la UCR "no puede ser motivo para ocultar o disimular un inadecuado control (interno) para la utilización de recursos públicos", en la campaña para el referendo sobre el TLC; además, se manifestó en contra de realizar, en sus auditorios, "conferencias que conlleven tendenciosamente fines propagandísticos".

Considerar esta resolución, o las críticas de personalidades, grupos o ciudadanos hacia la conducta de la UCR, como intentos de censura o irrespeto a la autonomía, es desproporcionado y falaz, sobre todo de parte de una institución que emite frecuentes criterios (a menudo negativos) sobre otras instituciones o decisiones nacionales.

La declaración del TSE se refirió a un tema concreto: el uso de fondos públicos por parte de la UCR para propaganda sobre un tema que irá a referendo,y que, por ese motivo excepcional, requiere una cuidadosa supervisión de las autoridades electorales, de la cual ninguna institución pública se encuentra exenta. Las universidades, gracias a nuestra institucionalidad democrática, son autónomas, pero no están por encima de la Constitución y de las leyes.

En el trasfondo, además, hay una triste realidad: la UCR no ha guardado ningún equilibrio en torno a la discusión sobre el TLC. Por ejemplo, las comisiones que ha establecido para analizar distintos aspectos del Tratado no han tenido adecuada diversidad; en sus medios de comunicación existen evidentes sesgos hacia el "no"; la antigua "cazadora anti-TLC" recibió su apoyo técnico; en sus "quioscos informativos", enmarcados como "trabajo comunal", prevalecen materiales adversos al Tratado, y las "mesas redondas" sobre él tienden a ser un ejercicio de pensamiento único.

Todo lo anterior sugiere una deliberada decisión de que, en las actividades que realiza la UCR sobre el Tratado, no se refleje la diversidad de pensamiento que existe en su seno, lo cual, indirectamente, afecta la libertad de cátedra; además, exacerba los ánimos.

Hasta aquí el problema, aunque sumamente grave para la comunidad académica y estudiantil, podría ser más de índole interna que externa y, por ello, ajeno a cualquier otra institución. Sin embargo, tras la convocatoria al referendo adquirió otro cariz, porque roza claramente con lo que establece el Código Electoral sobre el uso de fondos públicos para campañas. De aquí la justificada inquietud y resolución del TSE.

Tanto la Rectora como los miembros del Consejo Universitario están en su derecho de hacer campaña como quieran. Es más, sus posiciones personales públicas deben ser bienvenidas, como es el caso del rector del Instituto Tecnológico, Eugenio Trejos. Lo que resulta censurable es valerse de una institución de enseñanza e investigación para, distorsionando su misión, inclinarla totalmente hacia una postura. Sobre esto, la sociedad, como conciencia crítica de la universidad, debe mantenerse alerta.

Tomado de La Nación

UCR viola la Ley de Referendum

2007-07-22T12:02:00.000-06:00

En la reciente resolución del TSE, Nº 1617-E-2007, del 12 de julio del 2007, dice lo siguiente:

"Tampoco es permitido que dicha Casa de Enseñanza (UCR) realice, en sus auditorios, conferencias que conlleven, tendenciosamente, a FINES PROPAGANDISTICOS a favor o en contra de la consulta, salvo que se trate de actividades, foros o debates que sirvan exclusivamente para informar del tema ... la independencia funcional y la plena capacidad jurídica que tiene la Universidad de Costa Rica para dictarse su gobierno y organización propia, según la garantía que le otorga el artículo 84 de la Constitución Política, NO PUEDE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, servir de motivo para ocultar o disimular un inadecuado control y utilización de recursos públicos"

Sin embargo leemos que el día de ayer 21 de julio, tan sólo 11 días después de emitida la resolución:

"Grupos opositores al TLC se reunieron ayer en la Universidad de Costa Rica (UCR), en San José, ante la convocatoria de la Coordinadora Nacional contra el Tratado. Su objetivo fue afinar su logística y preparar manifestaciones para los próximos dos meses.

Además, los opositores preparan una participación durante la romería a la basílica de los Ángeles el miércoles 1.° de agosto y alistan un evento para el 15 de setiembre.

Ayer, entre quienes dirigieron palabras a los asistentes, resaltaron los epítetos contra las decisiones del TSE, la Sala Constitucional, el Gobierno y los empresarios.

"El TSE se vendió a los grupos empresariales y está al servicio de los gobernantes. Hoy la UCR demuestra que está al servicio del pueblo", dijo Ricardo Solís, presidente de la FEUCR"

Así que, en clara violación de la LEY y de las resoluciones el TSE, en una clara afrenta contra el Pueblo y sus instituciones, la UCR sigue organizando actividades con fines propagandísticos dentro de sus instalaciones, con FONDOS PUBLICOS.

Resulta doblemente indignante además leer que pretenden hacer marchas de protesta el Día de la Virgen y el Día de la Independencia, y que personajes cómo Ricardo Solís, que no es más que un ignorante electo por el 7,9% de los estudiantes de la UCR, se atreva a decir que él o la UCR representan a alguien.

Hasta cuándo !!!

Resolucion del TSE sobre la propaganda en la UCR

2007-07-18T19:56:00.000-06:00

Nº 1617-E-2007.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las siete horas con treinta minutos del doce de julio del dos mil siete.

Consultas acumuladas respecto de los alcances de la resolución n.º 1119-E-2007 que se refirió a la aplicación, a los funcionarios públicos, del artículo 88 del Código Electoral y normas conexas en el proceso de referéndum relativo al proyecto de ley de aprobación del “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica -Estados Unidos” (TLC).

3) Aclaración pedida por el señor Fernando Orozco Salas, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica:

El estudiante Fernando Orozco Salas, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica, pregunta sobre los siguientes aspectos:

"I.¿Qué extremos de la resolución antes mencionada aplican para los funcionarios de la Universidad de Costa Rica?

¿Qué recursos económicos y humanos podrá utilizar la Universidad de Costa Rica para publicidad respecto al TLC?
¿Se podrán utilizar horas laborales para realizar dichas funciones de publicidad?
¿De qué manera se regularan (sic) los espacios en Radio Universidad, Canal 15 y Semanario Universidad, siendo que los mismos se financian con fondos públicos?
¿Cómo se reglamentará la publicación de campos pagados por parte de la Universidad en medios masivos para realizar publicidad con respecto al TLC?
¿Puede la Universidad de Costa Rica realizar conferencias exponiendo el criterio ya emitido por el consejo universitario de rechazo al Tratado de libre comercio utilizando para ello los auditorios de las distintas sedes y empleando algunos de sus funcionarios a tiempo asalariado para ello?"

En primer término, de la relación armónica de los numerales 84 de la Constitución Política, 1 inciso 4) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 111 de la Ley General de la Administración Pública, es indudable que quienes laboran en la Universidad de Costa Rica ostentan la condición de servidores o funcionarios públicos.

Consecuentemente, los extremos de la resolución n.º 1119-E-2007, en tanto atañen a la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan participar en los procesos de referéndum, les son aplicables en todos sus extremos.

Lo anterior no significa, respecto de las preguntas dos y tres de esta consulta, que el funcionario universitario pueda hacer uso de recursos públicos para apoyar o financiar las campañas a favor o en contra de la consulta que interesa, lo cual, a la luz de la trascripción del artículo 24 del "Reglamento para los procesos de referéndum", constituye una prohibición expresa cuya trasgresión, de comprobarse, ha de ser sancionada según lo que determine la Contraloría General de la República y la normativa interna de la Universidad.

En esa misma línea, no es dable utilizar horas laborales para promocionar o participar en las mencionadas campañas, salvo que se cuente con el permiso de la jefatura que corresponda, según ya fue reglamentado.

En lo que atañe a la regulación de los espacios en Radio Universidad, Canal 15 y Semanario Universidad (pregunta n.º 3), deberá estarse a lo dispuesto en el reglamento de marras según se expone seguidamente:

a) la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica costarricense pueda pautar en los medios de comunicación espacios propagandísticos a favor o en contra del proyecto sometido a consulta está sujeta a que el total de los aportes contabilizados, a partir de la convocatoria, no exceda de veinte salarios base (artículo 19);

b) los viernes de cada semana, en el período comprendido entre la comunicación oficial de la convocatoria y el día en que se lleve a cabo el referéndum, los medios de comunicación deben informar al Tribunal de todos los espacios de propaganda que hayan sido contratados en esa semana con inclusión del nombre, número de cédula y datos pertinentes para la localización de la persona responsable de la publicación (artículo 20);

c) los medios universitarios deben remitir al Tribunal las tarifas vigentes dentro de los tres días hábiles posteriores a la comunicación oficial de la convocatoria, con indicación de cualquier cambio de dichas tarifas (artículo 21).

Sobre las preguntas 4 y 5, cabe apuntar que NO está permitido que la Universidad de Costa Rica, como órgano estatal, publique en medios de comunicación masivos, con recursos públicos, campos pagados a favor o en contra del tema objeto de la consulta en referéndum.

Tampoco es permitido que dicha Casa de Enseñanza realice, en sus auditorios, conferencias que conlleven, tendenciosamente, a fines propagandísticos a favor o en contra de la consulta, salvo que se trate de actividades, foros o debates que sirvan exclusivamente para informar del tema según lo establecido en el artículo 24 supra trascrito.

En la forma expuesta, la independencia funcional y la plena capacidad jurídica que tiene la Universidad de Costa Rica para dictarse su gobierno y organización propia, según la garantía que le otorga el artículo 84 de la Constitución Política, NO PUEDE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, servir de motivo para ocultar o disimular un inadecuado control y utilización de recursos públicos.

Intolerancia en la UCR

2007-07-09T17:59:00.000-06:00

Nos oponemos al uso de la UCR y sus recursos para favorecer el “no” al TLC

Fernando Orozco Salas
Presidente junta directiva AED y ocho firmas más

Hace poco más de un mes, la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) hizo de conocimiento público una petición de equilibrio en la información y debate académico respecto al TLC, pidiendo al mismo tiempo una aclaración de cómo debía ser la aplicación de las disposiciones del TSE en el ámbito universitario. Aportamos a continuación tres situaciones concretas que ilustran claramente la intolerancia en la UCR. Juzgue usted.

Censura. Por nuestra consulta al TSE, el Consejo Superior Estudiantil, en acuerdo con la Feucr, dictó contra nuestra asociación un voto de censura, mediante el cual nos solicitan también el retiro de dicha consulta, diciendo que por preguntar al TSE violamos la autonomía universitaria. Similar opinión tienen la Rectoría y el Consejo Universitario. Esta autonomía es dada para lograr el cumplimiento de los fines específicos de la Universidad, como son el debate académico y la pluralidad de pensamiento. Fines que son precisamente los que queremos defender y no violar (como nos acusan falsamente). Asimismo, esta autonomía no convierte a la UCR en una isla donde las leyes del país no se aplican, y se da un espacio a las estructuras universitarias de sustraerse de la aplicación de la ley y de la justicia electoral. Es inaceptable que la censura, arma de los autoritarios que no admiten cuestionamiento alguno y levantan sus voces contra los que tienen una opinión distinta, sea utilizada en nuestro país.

Función de las autoridades. Ante el pedido hecho por la AED, la rectora, Yamileth González, expresa lo siguiente: "La universidad no ha sido ni será nunca neutral, eso es ir en contra de la esencia de la institución, y yo siempre estaré en desacuerdo con propuestas de ese tipo" ( Semanario Universidad , 28/6/07).

Profesamos que la universidad ha de ser imparcial en las oportunidades reales que brinde, propulsando constantemente los medios adecuados para lograr que los universitarios se informen de ambas posiciones del Tratado para que puedan formular sus propios criterios. Hay que recordar que es cada persona la que va a votar en el referéndum, no el Consejo Universitario o la AED, es cada estudiante.

La directora del Consejo Universitario dicen que la Universidad favorece el "no" por cuanto los medios privados solamente favorecen el "sí"; y, por ello, "ha cumplido a cabalidad con su parte, incluyendo con su responsabilidad de compensar los desequilibrios informativos que se dan fuera del ámbito universitario" (Opinión, La Nación , 23/06/07).

No queremos una universidad que se dedique a favorecer una posición, que escude el adoctrinamiento bajo el nombre información. Queremos una universidad que forme jóvenes con conciencia crítica, que puedan tomar sus propias decisiones. De nuestra parte, si es necesario, volvemos a lanzar los "graves cargos contra la Universidad de Costa Rica (UCR), acusándola de abandonar su vocación académica y pluralista y de cerrarse a ideas en torno al TLC", por una simple razón: ¡son ciertos!

Reclutamiento. Ahora, debemos denunciar una situación más. La vicerrectoría de Acción Social reconocerá a los estudiantes matriculados en cualquier Trabajo Comunal Universitario hasta 100 horas de trabajo a todos los estudiantes que se dediquen a distribuir el material producido por la UCR acerca del TLC y el referéndum. Aquí cabe señalar no solo la parcialidad con el "no" al TLC de estos documentos, sino también el uso de incentivos para que 150 estudiantes vayan de gira por todo el país repartiendo esta información. ¿Y todavía piden que retiremos la consulta al TSE sobre el uso de fondos públicos para promover la posición del "no"? La resolución 1119-E-2007 es muy clara, existe "prohibición de utilizar recursos públicos que, directa o indirectamente, favorezcan las campañas a favor o en contra del proyecto consultado".

Los estudios de la UCR primero adoptan una posición ideológica y luego se maquillan con la ciencia o el derecho, como se manifiesta en el "estudio" que dictaminó las "inconstitucionalidades" del TLC. Si quiere, tómelas en cuenta como una opinión, aunque la Sala Cuarta, por amplia mayoría, no pudo hacerlo.

Nuestra voz se opone a la utilización del nombre de la UCR para sostener posiciones ideológicas al respecto del TLC. Aquella casa, una vez declarada institución benemérita de la educación y la cultura, hoy se reduce a una sede de campaña electoral para un grupo ideológico, con financiamiento del país entero.

"Nunca se pone más oscuro que cuándo va a amanecer". Esta lucha por recuperar nuestra alma máter apenas empieza.

LA SALA CUARTA DIJO SÍ

2007-07-04T11:38:00.000-06:00

Y pasó lo que tenía que pasar. La Sala Constitucional -en consonancia con la reiterada jurisprudencia de ese alto tribunal- avaló sin ambages el TLC. Atrás quedaron los alambicados argumentos de los neófitos en comercio internacional que, sin vergüenza profesional, se dedicaron durante muchos meses a inventar las alegaciones más absurdas para "demostrar" los "vicios insalvables" de este acuerdo comercial. Al basurero se fueron las 14 falacias jurídicas que fabricaron los "académicos" de la Universidad de Costa Rica, cuyo Consejo decidió hincarse ante el prejuicio ideológico y olvidarse de la diversidad de opiniones y el debate de ideas, en especial de aquellas que a la postre resultaron ser las válidas.

El fallo confirma que con el TLC no perdemos la Isla del Coco y que no se llevarán en estañones las aguas de nuestros ríos; que no se entregó la soberanía nacional ni se destruirá el Estado Social de Derecho. Que el acuerdo no vulnera el derecho constitucional a la salud, no afecta los derechos laborales, ni debilita la protección del ambiente. Que no nos convertiremos en productores de armas, no nos dedicaremos al tráfico de órganos humanos, ni desprotegeremos a los agricultores. Que los negociadores no eran unos vende-patrias y que, a diferencia de quienes hicieron suyas estas bufonadas jurídicas, aquéllos sí sabían lo que estaban haciendo.

Con la resolución quedan disipadas las dudas que los opositores habían pretendido sembrar entre los costarricenses mediante la repetición constante de la mentira camuflada de argumento legal, el sofisma embaucador disfrazado de lección catedrática, y las medias verdades que es siempre la mentira más completa en especial si ésta es propalada con la propiedad de un "especialista". La Sala Constitucional arroja luz en donde otros han querido que prevalezca la oscuridad y su esclarecedora resolución permitirá que el país tome en paz y tranquilidad una decisión cuya importancia ha rebasado ya lo comercial, para convertirse en un espaldarazo a la institucionalidad, a la democracia republicana y al respeto de las mayorías.

Ahora que el 95% de los "argumentos" de los opositores del TLC han quedado destrozados y que se sobrepasó uno más de los múltiples escollos que han querido interponer para impedir su aprobación, debemos prepararnos para resistir los embates de la etapa final: más mentiras impúdicas, más insultos y agresiones, nuevas profecías apocalípticas para seguir atemorizando a la población. Hoy es momento de celebrar pero no por ello bajemos la guardia. Estemos listos para utilizar la verdad, el argumento y el sentido común contra el cinismo de los opositores. Estemos listos, sobre todo, para utilizar nuestro voto para decirle SÍ al futuro y al progreso el próximo 07 de octubre, día en que los costarricenses recobraremos nuestra democracia.

¡POR COSTA RICA SÍ AL REFERENDO, SÍ A LA DEMOCRACIA, SÍ AL TLC!

Tomado de: Por Costa Rica

Carta de la Rectora de la UCR

2007-06-29T16:08:00.000-06:00

Dice doña Yamileth que "En las últimas semanas, se han lanzado graves cargos contra la Universidad de Costa Rica (UCR), acusándola de abandonar su vocación académica y pluralista y de cerrarse a ideas en torno al TLC".

Miente ésta señora, los cargos no se han lanzado contra la UCR, sino, contra la mafia interna, los que nos niegan auditorios, los que no nos prestan aulas para reuniones, los que nos gritan y amenazan, los que nos arrancan afiches, las Asociaciones que no nos dan permiso de pegar rótulos, las Decanaturas que no dan permiso para nada relacionado con el SI al TLC, es contra los medios de comunicación secuestrados por los del NO, contra las oficinas que prestan los recursos internos para mandar correos electrónicos no solicitados (spam) con propaganda del No, los cargos son contra la barra de estadio que no deja debatir.

Dice además que, "Nunca –que yo sepa– se les ha preguntado de antemano a los/as compañeros/as que van a participar en una comisión institucional o grupo de estudio su filiación ideológica o política partidista y su posición sobre el TLC", por supuesto, para que les van a preguntar, si ahí ya todos se conocen, y saben cómo opina el de la par, y de casualidad el 100% de los que participan en éstas comisiones están en contra del TLC, de casualidad!

Dice también que, "El problema es identificarse como estudiante de una universidad, o de una facultad, y quejarse de que no se tienen espacios y no proponer ninguna acción concreta para dar a conocer sus puntos de vista", y yo le pregunto ¿Señora, en que mundo vive?, si cuándo se han buscado espacios, sólo respuestas negativas se obtienen, como por ejemplo, las reuniones de U´s por el SI, dónde se trató de encontrar un auditorio libre en la UCR, y en todos decian que no lo prestaban a ése grupo.

Dice que, "Es muy fácil criticar, tratar de desmovilizar e impedir el trabajo; más difícil es pasar largas horas leyendo, escuchando, planteando alternativas con argumentos" ¿Según ud. que hacemos? Señora más irrespetuosa! Si éso es lo que hacemos, leer, escuchar, plantear alternativas con argumentos.

Ahora resulta que hay un grupo de estudiantes universitarios que si estudia y otro que no!

¿Se ha preguntado ud. que hacen los de la FEUCR? La FEUCR, en el UNICO debate contra U´s por el SI, -porque no fueron al de Canal 13-, no dijo NADA sobre el tema, pero si se llevaron su barra de estadio a gritar improperios contra los que si queriamos escuchar ideas.

Dice finalmente: "Se nos ha pedido apertura, pero quienes lo hacen ¿también están dispuestos a ofrecer espacios para confrontar ideas en un ambiente respetuoso y libre de coerciones?", Señora, somos ESTUDIANTES, ¿que espacio podemos darle nosotros a la UCR? Los espacios los manejan uds., se trató de organizar un debate fuera de la UCR, en Canal 13, en un ambiente respetuoso y libre de coerciones, o sea, sin barras, y los de la FEUCR no fueron! ¿Entonces de que espacios habla? ¿De que forma posible podriamos nosotros coercionar a la UCR?

Son muchas dudas las que nos deja la señora Rectora con su actitud tan arrogante e irrespetuosa, debe recordar que ella está en ese puesto provisionalmente, y que administra para TODOS Y TODAS los y las estudiantes, no sólo para un grupo.

Sportsbooks con TLC

2007-06-27T17:27:00.000-06:00

Es de todos y todas conocido que en nuestro pais el sector de apuestas por internet, mas conocido como sportsbooks o online gambling, dan trabajo a miles y miles de jovenes, y probablemente uds. son algunos de los beneficiados.

Tambien es de todos y todas conocido que nuestro pais carece de leyes para regular esta actividad, y que solamente es tolerada, o sea, no es permitida, pero tampoco prohibida, por lo que existen muchas dudas al respecto tanto por empresarios, como por clientes, asi como por los mismos empleados.

Por estas dudas es que bajo la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, en nuestro pais no ha existido la voluntad politica de legalizar la actividad, por temor a represalias por parte del Gobierno de Estados Unidos, que combate este tipo de negocio, debido a la competencia que le genera a los empresarios de Las Vegas, fuertes patrocinadores de las campaÃ±as politicas tanto Democratas como Republicanas.

Vemos como de cuando en cuando arrestan a algun empresario, o cierran alguna empresa, violando nuestra soberania, aplicandoles a empresas Costarricenses, las leyes Federales de Estados Unidos, por falta de regulacion nacional.

En el TLC existe un apartado de Cartas Adjuntas, y hay una que se refiere al tema de las apuestas, y dice: "NADA en los Capitulos Diez (Inversion) u Once (Comercio Transfronterizo de Servicios) IMPIDE que Estados Unidos o Costa Rica ADOPTEN, mantengan o APLIQUEN cualquier medida que SEA CONSISTENTE con el Tratado, relacionada con apuestas electronicas u otras actividades de juegos de azar dentro de sus respectivos territorios nacionales."

Este parrafo tan corto, dice muchas cosas; Primero, se refiere al capitulo 10 y 11, sobre Inversion y Comercio Transfronterizo de Servicios, que basicamente regula el Trato Nacional de los inversionistas, las Transferencias de capitales desde y hacia nuestro territorio, etc.

Pero lo mas importante, es que, le permite al Estado Costarricense, por fin, regular y legalizar las Apuestas por Internet, ADOPTANDO Y APLICANDO medidas conformes con el TLC, esto, sin temor a represalias por parte del Gobierno de Estados Unidos, que reconoce la independencia y soberania nacionales en una materia tan sensible para la juventud trabajadora costarricense.

Asi las cosas, no solo se permite que Costa Rica regule, legalice y proteja a los Inversionistas de apuestas, a sus inversiones, sino que tambien protege las transferencias de capitales, sean pagos, prestamos, etc.

Como ya se menciono, en el TLC, capitulos 10 y 11 se protegen las inversiones y transferencias, pero tambien se regulan los arbitrajes en caso de violaciones al Tratado.

En el articulo XVI del ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS, de la OMC, ratificado por Estados Unidos, ellos anexan compromisos especificos sobre los servicios de juegos de azar y apuestas, obligandose a respetarlos.

En el Organo de Apelacion de la OMC entre otras cosas concluyen: "C) con respecto al articulo XVI del ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS: confirma la constatacion del Grupo Especial de que una prohibicion del suministro a distancia de servicios de juegos de azar constituye una "limitacion al numero de proveedores de servicios" en el sentido del parrafo 2 a) del articulo XVI, y que tal prohibicion constituye tambien una "limitacion al numero total de operaciones de servicios o a la cuantia total de la produccion de servicios" en el sentido del parrafo 2 c) del articulo XVI; confirma la constatacion del Grupo Especial, que figura en el parrafo 7.2 b) i) de su informe, de que los Estados Unidos, al mantener en vigor la Ley de Comunicaciones por Cable, la Ley de Viajes y la Ley sobre actividades ilicitas de juegos de azar, actuan en forma INCOMPATIBLE con las obligaciones que les corresponden en virtud de los parrafos 1, 2 a) y 2 c) del articulo XVI del AGCS; El Organo de Apelacion recomienda que el Organo de Solucion de Diferencias pida a los Estados Unidos que pongan en conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios sus medidas que, como se ha constatado en el presente informe y en el informe del Grupo Especial modificado por el presente informe, son incompatibles con dicho Acuerdo."

Asi que, si se aprueba el TLC, Costa Rica se podria adherir a esta demanda; iniciar una nueva; o demandar un arbitraje internacional en el marco del TLC, para proteger a los inversionistas y sus transferencias.

Todo esto sin temor a represalias en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que ya no estaria vigente de aprobarse el Tratado, y tendríamos así , mayor seguridad jurídica y contractual, por ser un Tratado multilateral.

O sea, si se le prohibe a un gringo apostar desde su casa, con empresas en Costa Rica, se entra en una violacion tanto del Acuerdo de la OMC, como del TLC, en caso de aprobarse.

Por esto es muy importante aprobar el TLC lo antes posible, antes que todas las empresas terminen de irse al Caribe, Europa, o a otros paises de Centroamerica.

U's por el SI .vs. FEUCR

2007-06-27T12:52:00.000-06:00

El lunes pasado los "representantes estudiantiles" de la FEUCR, -electos con el 7,9% de los votos de los estudiantes empadronados-, NO quisieron ir al programa de canal 13, "Desayunos del 13" a DEBATIR con Universitarios por el SI.
Que clase de "dirigentes" son éstos, que si debaten dentro de la UCR, porque saben que ahí llevan su barra de estadio a gritarle improperios a los contrarios, pero no se atreven a debatir fuera de la UCR, -sin barras de aficionados-, ya que saben que no tienen argumentos.
Ya en el debate dentro de la UCR quedó en evidencia el desconocimiento total que tienen del texto del TLC, dónde solo se dedicaron a hablar de cualquier otra cosa menos del TLC CR-USA.
Hablaron del TLC México-USA, de Cuba, de la Costa Rica del pasado, etc, pero nada, cero del TLC, ni de la Costa Rica del futuro.
No se atreven a presentar sus argumentos por televisión, porque no los tienen! Pero lo peor es que después dicen que no se les da espacios de debate y que la prensa no publica su sentir, y que está parcializada, cuándo la "prensa" más parcializada es la de la UCR.
Sólo basta leer las tonterías que publica el Semanario Universidad, dónde sólo entrevistan a un lado de la historia, e inventan cosas como la de que Oscar Arias ordenó no tocar la obertura 1812, y resultó ser TODO MENTIRAS, cómo han sido mentiras lo que han dicho sobre el TLC.
¿Quién los entiende?

Encuesta UCR

2007-06-21T13:35:00.000-06:00

SI REFERENDO FUERA HOY:

49,7 % SÍ

37% NO

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com

Una encuesta de la UCR revela desconocimiento de los costarricenses sobre el TLC, antes del referendo. Según la investigación, los opositores al Tratado perderían si la votación fuera hoy.

El próximo 7 de octubre los costarricenses acudirán a las urnas para votar en el referendo del Tratado de Libre Comercio (TLC) sin conocer bien el tema que los convoca, ni las implicaciones en la sociedad costarricense.

Así se interpreta de la encuesta Referendo y TLC, elaborada por la escuela de estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual se realizó entre el 2 y 15 de mayo, en 705 hogares costarricenses y donde opinó el miembro de la familia que aportara más dinero a la casa.

Según revela la encuesta, 9 de cada 10 costarricenses confesó no conocer bien de qué se trata el TLC. Es decir, que apenas el 10% de la población está totalmente enterada del acuerdo comercial.

El 39% de los entrevistados dijo estar algo enterado del tema y más del 50% confesó no conocer nada o muy poco sobre el TLC.

Eso sí, parece que la motivación para participar del referendo ha crecido, pues a la fecha el 81% de los consultadas confirmó que iría a votar.

"Se podría pensar que como máximo el 81% de la población asistiría, pero es un dato importante porque se superaría el umbral mínimo de participación, que es de 30% a 40%", señaló el investigador Edgar Gutiérrez.

Esta situación coincide con la percepción de que votarán más personas en el referendo que en las últimas elecciones presidenciales de febrero del 2006.

Según dijo la Rectora de la UCR, Yamileth González, esta casa de estudios reforzaría aún más las actividades de información sobre el TLC para los costarricenses.

GANA EL SÍ

De acuerdo con lo encontrado en la encuesta de la UCR, si el referendo fuera hoy, probablemente ganaría el Sí, pues un 49.7% contestó estar a favor de la aprobación del acuerdo con los norteamericanos, mientras que el 37.6% votaría por el No.

Hay un sector grande (12%) que se mantiene indecisa sobre el tema, esperando más tiempo para la elección.

Los hombres, son los más decididos a favor del TLC, pues el 55% lo apoyan, situación contraria a las mujeres donde el Sí en el referendo, lo darían 43 de cada 100 votantes.

En lo que coinciden ampliamente los consultados, es que el referendo fortalecerá la democracia costarricense.

Incluso, más del 60% de la población confía en que será un proceso transparente, alejado del fraude.

Tomado de Diario Extra

Voto de Censura

2007-06-21T13:29:00.000-06:00

Publica el Semanario UCR: "El Consejo Superior Estudiantil (CSE) que reúne dos representantes de cada una de las asociaciones de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), acordó UN VOTO DE CENSURA contra la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED), por atentar contra la autonomía universitaria al cuestionar la posición del Consejo Universitario de la UCR de rechazo al TLC con Estados Unidos y solicitarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una aclaración con respecto a distintos puntos... además el consejo estudiantil acordó solicitarle a la AED el retiro inmediato de la consulta al TSE"

Y luego salen diciendo que en la UCR no hay persecusión, ni intolerancia! jaja

Parece que los ANTi-todo no soportan la dicidencia y la censuran, buena cátedra sientan estos "estudiantes"

Buscan conspiraciones dónde no las hay, tratan de ligar a U's por el SI con Casa Presidencial, cuándo somos un grupo de estudiantes preocupados por el país, sacando tiempo de nuestros trabajos y estudios, a diferencia de los de la FEUCR que reciben un salario por no hacer nada más que vaguear.

A la AED le quieren quitar sus credenciales y dárselas a un grupo por el NO que se formó el jueves pasado, así no más, sin elecciones ni nada, vaya ejemplo de Democracia nos da la UCR.

Quieren que en la empresa PRIVADA se den debates, pero no en la UNIVERSIDAD PUBLICA, y parece que no entienden que los trabajadores van precisamente a eso, A TRABAJAR, no a ser adoctrinados, y que los estudiantes vamos a ESTUDIAR, aprender y debatir, no a ser adoctrinados tampoco.

Por un lado promueven estos "debates", pero por otro los censuran en la propia universidad, que ironía!

Por suerte la presión sirvió de algo y hoy tuvimos el PRIMER debate de estudiantes, esperemos que sea el primero de muchos, pero esperemos tambien que a la proxima la FEUCR llegue con argumentos y no con la barra de estadio!

Por Costa Rica, vota SI AL TLC, y dile no a la intolerancia y adoctrinameinto!

Debate en la UCR

2007-06-21T00:08:00.000-06:00

La noche de hoy se realizó el PRIMER debate de estudiantes en la UCR.

Por un lado estaban los del NO representados por la FEUCR, y por el otro los del SI representados por U's por el SI.

Del debate se sacan varias cosas provechosas:

1- Se abren espacios de discusión que habían sido vedados por una oposición a ultranza al debate de ideas, espacios que fomentan la visión pluralista universitaria, y no solo la propaganda pagada con platas que deberían usarse en comprar libros, etc. Ya la FEUCR gastó más de 5 millones en propaganda con dineros de recibo de matrícula.

2- Se diferencia el criterio de discusión de cada una de las partes, ya que mientras los del SI se dedicaron a leer el TLC e interpretarlo, los del NO se dedicaron a hablar de ideologías, mitos, y no faltó por supuesto uno que otro insulto. En fin hablaron en diferentes idiomas básicamente, y así es dificil encontrar acercamientos.

3- Quedó patente la ignorancia total de los del NO sobre el texto del TLC.

4- Quedó patente también la falta de respeto por el debate y por las ideas, bien decía la manta en la mesa de discusión "el insulto es la razón del que carece de argumentos", y los del NO se dedicaron a interrumpir, insultar, cuchichear y nada aportaron al debate, aparte de sus gritos, que más parecían de las barras en los estadios que de "estudiantes" universitarios. Esa es su razón, la del que más grita y más insulta, parece que tienen algún complejo con el tamaño!

5- Quedó patente, a pesar de las constantes interrupciones por los del NO, que; el TLC en nada afecta la educación pública al excluirla del ámbito de aplicación del TLC, y más bien la beneficia; y que el TLC en nada afecta los derechos de los trabajadores, y que todos los miedos son infundados y creados por personas con miedo a trabajar.

Bien lo dijo el vicepresidente del la FEUCR, "nosotros no creemos en la buena fé de los empresarios", y si no creemos en la buena fé del ser humano, ¿en que creer entonces?... mejor apague y vámonos!

Su corta visión de mundo se resume en la palabras del presidente del FEUCR, cuándo dió uno de sus grandiosos "argumentos" contra el TLC: "tengo varios amigos que trabajan en Intel y el trabajo es tan repetitivo y especializado que si Intel se va no pueden trabajar en nada más", cuándo señor, en Intel no les enseñan a trabajar a los ingenieros, sino que ellos trabajan en Intel porque saben hacer esas cosas y más.
O cuándo dijo "el objetivo de los profesionales universitarios NO es ser competitivos ni eficientes, sino el bien social", y yo le pregunto ¿de que forma proponen lograr el bien social sin trabajos eficientes y competitivos? ¿será que piensan estar de vividores toda su vida en alguna institución gubernamental?

Esperemos que en el próximo debate la FEUCR llegue con ideas y argumentos sobre el TLC CR-USA, y no solo demagogia al estilo Plaza Pública, ni con ejemplos de los efectos de otros TLC de USA con otros países que tienen una realidad muy distinta a la nuestra.

Posible resolucion de la Sala Constitucional

2007-06-12T01:53:00.001-06:00

Ya en una ocasión los del NO enviaron una consulta a la Sala Constitucional sobre el asunto del TLC y ésta fue su resolución:

Exp: Nº 07-002069-0007-CO

Res: Nº 2007-02159

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de febrero del dos mil siete.-

Gestión promovida por la señora Gloria Valerín Rodríguez, Directora del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

Redacta el Solano Carrera; y,

Considerando:

I.- Mediante una nota presentada en la Secretaría de esta Sala, a las 8:37 horas del día de hoy, la gestionante indica que "De conformidad con la resolución de las quince horas y cuarenta minutos del dos de enero de dos mil siete del Tribunal Supremo de Elecciones, visible al folio 19 del Expediente No. 1024-Z-2206, tramitado por ese órgano electoral, procedo a consultar ante su autoridad, este expediente..." El citado expediente tiene relación con un proyecto de Ley tendente a la autorización de un Referéndum vinculante sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América.

II.- En el indicado expediente número 1024-Z-2006, el Tribunal Supremo de Elecciones realiza una aclaración, según sus palabras, indicando que, como se trata en la especie de un posible referéndum sobre la aprobación de un convenio internacional, procede la consulta preceptiva de constitucionalidad a que se refieren los artículos 96 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. No obstante, ya la Sala ha tenido oportunidad de indicar en diversas ocasiones, que su competencia en esta
materia radica en lo preceptuado por el artículo 96 de la Ley que rige su jurisdicción, mientras que para el caso de que se tratara de una consulta preceptiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, únicamente le corresponde formularla al Directorio de la Asamblea Legislativa. Ver en ese sentido, sentencia número 1992-2808, de las nueve horas con treinta minutos del cuatro de setiembre de mil novecientos noventa y dos.

III.- Resulta importante señalar, finalmente, que el sistema de consultas legislativas a la Sala, por su carácter excepcional, debe ser a texto expreso, aparte de que se tuvo la conveniente previsión de que aquellas procedieran una vez el proyecto en cuestión adquiera una viabilidad jurídica clara, valga decir, cuando se hubiera aprobado en primer debate, superadas otras etapas que podríamos llamar por ahora, meramente preparatorias.

IV.- En consecuencia, procede desestimar la gestión y así se dispone.

Por tanto:

No ha lugar a evacuar la consulta.

Luis Solano C. Presidente
Luis Paulino Mora M.
Gilbert Armijo S.
C.
Federico Sosto L.
Rosa María Abdelnour G.
Jorge Araya G.

lmonge/lgarrop

Nota del : Además de los argumentos que se expresan en el voto que suscribo, estimo conveniente agregar algunos conceptos sobre la consulta: Realmente no encuentro ninguna relación entre el proceso de referéndum y la consulta preceptiva a la que se refiere el apartado b- del artículo diez de la Constitución Política. La naturaleza y finalidad de cualquier consulta a los ciudadanos, no puede quedar sujeta a un procedimiento en el que se juzgan los elementos formales y sustanciales, conforme a criterios doctrinales, situación que no ocurre en el referéndum.
El sistema de controles y equilibrios que refleja el apartado b- del artículo diez de la Constitución, en virtud de las limitaciones y disfunciones de la representación popular, no es aplicable a una consulta ciudadana, pues este procedimiento asume los ideales que inspiran la democracia participativa. Estimo que la consulta a esta instancia, no cumple ninguna función constitucional.

Así que como ya lo adelantó el Tribunal Supremo de Elecciones, el referendo sólo se suspendería en caso de encontrarse errores de forma en el procedimiento de aprobación del dictamen de mayoría en la Asamblea Legislativa, no se suspendería en caso de ser inconstitucionalidades por el fondo del proyecto.

Sin embargo la misma Sala ya había adelantado su criterio en este fallo reciente diciéndonos que: "La naturaleza y finalidad de cualquier consulta a los ciudadanos, NO PUEDE quedar sujeta a un PROCEDIMIENTO en el que se juzgan los elementos formales y sustanciales, conforme a criterios doctrinales, situación que no ocurre en el referéndum.
El sistema de controles y equilibrios que refleja el apartado b- del artículo diez de la Constitución, en virtud de las limitaciones y disfunciones de la representación popular, NO ES APLICABLE A UNA CONSULTA CIUDADANA, pues este procedimiento asume los ideales que inspiran la democracia participativa."

Por tanto se puede decir que la resolución que viene va a permitir el referendo en Octubre próximo, obviando cualquier vicio de procedimiento.

Además 5 de los 7 magistrados actuales ya favorecieron la reelección dando una muestra de patriotismo, permitiéndonos a TODOS Y TODAS reelegir con nuestro voto al Presidente Nobel de la PAZ.

Esperemos lo mejor de los Magistrados y que nos dejen elegir de nuevo con nuestro voto, el futuro que queremos para el país, de progreso y desarrollo en democracia, o de piedras, palos, mentiras y amenazas.

Así que, salgamos todos a votar por el SI AL TLC, Costa Rica te lo agradecerá!

Noticias sobre el TLC

2007-06-12T00:13:00.000-06:00

Con la autorización de destinatario, está circulando una de las tantas notas enviadas por Juan Carlos Pereira, Director Ejecutivo de ProNicaragua (el equivalente a Procomer de CR), DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, a empresarios en Costa Rica.

Con la autorización de destinatario, don Francisco López, Gerente General de la empresa Babyliss S.A. copiamos una de las cartas, en esta el señor Pereira invita a las empresas radicadas en Costa Rica que se pasen a Nicaragua.

¿Por qué?

PORQUE HAY TLC APROBADO

¿A quien creerle? A gente que habla con documentos en mano, o a los que inventan grabaciones, listas negras en empresas o bonos por el voto, sin pruebas alguna.

Aqui está la prueba de que ahora más que nunca necesitamos el TLC, los nicas por un lado dicen que no al capitalismo, y por el otro lado se ofrecen para llevarse los trabajos de nuestro país.

Para evitar la fuga de empresas y fuentes de trabajo, vota SI AL TLC

Ultima encuesta de la Escuela de Estadistica de la Universidad de Costa Rica

Tomado de: http://alianzadelsi.blogspot.com/

Supuestos roces Constitucionales del TLC #5

2007-06-11T23:23:00.000-06:00

5. Supuesta inconstitucionalidad de los compromisos de aprobar tratados y leyes y cumplir determinados requisitos en el trámite de formación de leyes:

Se argumenta que sería contrario a la Constitución el compromiso que asume Costa Rica de aprobar ciertos tratados y leyes dentro de ciertos plazos previstos en el tratado.

Este argumento carece de fundamento. En primer lugar, en nuestro medio los tratados internacionales debidamente promulgados tienen autoridad superior a las leyes (artículo 7 de la Constitución), por lo cual la obligación del Estado de dictar o reformar ciertas leyes para cumplir con las normas de un tratado internacional, es plenamente admisible. En segundo lugar, la Constitución expresamente contempla que la potestad legislativa puede quedar sujeta a limitaciones en virtud de compromisos asumidos mediante tratados internacionales, conforme a los principios del Derecho Internacional (artículo 105 párrafo primero).

Nótese, además, que en otros casos se han contemplado remisiones a otros tratados o compromisos de aprobar otros tratados o leyes, lo cual ha sido examinado por la Sala Constitucional sin que ésta haya encontrado problemas de constitucionalidad (voto 7004-94 sobre los Acta Final de la Ronda Uruguay y voto 7005-94 sobre el TLC Costa Rica-México, entre otros).

Se aduce también que el artículo 11.7 del TLC es contrario a la Constitución porque implicaría la obligación de que un Estado extranjero participe en la formación de leyes o regulaciones nacionales en cualquier tipo de servicios. Sin embargo, el artículo 11.7 lo que establece es una obligación general de transparencia, específicamente de que cada Estado parte mantenga
mecanismos adecuados para responder a consultas de personas interesadas referentes a regulaciones que vayan a dictarse en relación con materias cubiertas por el capítulo 11 y responda por escrito, en la medida de lo posible, a los comentarios sustantivos que se reciban de personas interesadas. Esta disposición, lejos de ser inconstitucional, hace eficaz un principio
fundamental del Estado democrático de Derecho, a saber, el principio de transparencia (Artículo 11 de la Constitución) que se articula mediante la participación ciudadana en la formación de las leyes y reglamentos, así como mediante el derecho de acceso a expedientes administrativos y el debido proceso, garantizados por nuestra Constitución y regulados en la Ley General de la Administración Pública y otras leyes.

Cabe aclarar también que el artículo 11.7 se aplica exclusivamente a los servicios cubiertos por el capítulo 11, no se aplica a los servicios financieros ni a otros expresamente excluidos por el artículo 11.1.4, ni en el caso de Costa Rica se aplica a telecomunicaciones porque en este tema a Costa Rica no se le aplica el capítulo 13 sino únicamente el anexo 13 del TLC. De
todas maneras, tanto el capítulo 12 sobre servicios financieros como el anexo 13 sobre telecomunicaciones incluyen disposiciones específicas sobre transparencia (artículo 12.11 y párrafo IV.3, respectivamente), que son plenamente compatibles con nuestro ordenamiento jurídico al igual que el artículo 11.7.

Se aduce además que resulta inconstitucional la obligación impuesta a Costa Rica por la ley de implementación del TLC en Estados Unidos, la cual instruye al Presidente de ese país a "certificar" el cumplimiento de los compromisos previstos en el tratado para ponerlo en vigencia respecto a los demás Estados parte. Sin embargo, este asunto propio del Derecho interno de
Estados Unidos, no puede ser juzgado a la luz de la Constitución de Costa Rica. Además, nada impide que en un tratado multilateral, como es el TLC, uno o varios de los Estados que lo ratificaron primero verifiquen que los Estados que se incorporan posteriormente cumplan o hayan cumplido con los compromisos establecidos en el tratado, tomando en cuenta que los
Estados deben abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado ya firmado y pendiente de aprobación; además, un tratado en vigor obliga a lo pactado en él y las partes están obligadas a cumplirlo de buena fe (artículos 18 y 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

Por ello es irrelevante jurídicamente para Costa Rica lo que disponga la ley de implementación del TLC en Estados Unidos, más aún en el caso de un tratado en el que las reservas están expresamente prohibidas. Costa Rica se rige por lo que establece el tratado firmado, no por lo que dice la legislación interna de Estados Unidos.

* Colaboraron en la elaboración de este documento los abogados Esteban Agüero, Alejandra Aguilar, Irene Arguedas, Marianella Arias, Francisco Chacón Bravo, Francisco Chacón González, Roberto Echandi, Luis Adolfo Fernández, Neftalí Garro, Gustavo Guillén, Rubén Hernández Valle, Vicente Lines, Aldo Milano, Fernando Ocampo, Luis Ortiz, Alejandro Pignataro, Eric Scharf, Ronald Saborío, Edgar Tenorio, Alan Thompson, Nelly Vargas, Manuel Ventura y Fabián Volio.

Estudiantes del SI al TLC perseguidos

2007-06-11T15:34:00.001-06:00

Repretel denuncia la persecusión que sufrimos en la UCR

Supuestos roces Constitucionales del TLC #4

2007-06-10T01:46:00.000-06:00

4. Supuesta inconstitucionalidad de la definición de “legislación laboral” en el capítulo 16

La definición de "legislación laboral" que contiene el capítulo 16 del TLC, en nada afecta lo que en nuestra legislación se entiende por legislación laboral. El TLC de ninguna manera disminuye los derechos laborales en Costa Rica; al contrario, reafirma el pleno respeto por las disposiciones constitucionales y legales en materia laboral de los Estados parte.

La definición de legislación laboral que contiene el TLC busca únicamente delimitar el ámbito de aplicación del tratado con respecto a ciertos derechos laborales mínimos que los Estados parte acuerdan respetar, sin perjuicio de que cada país establezca regulaciones de mayor cobertura.

En el tratado los Estados parte reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los compromisos asumidos en virtud de la Declaración de la OIT (artículo 16.1.1). Además, expresamente se establece que "Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna..." (artículo 16.2.2). Es claro, entonces, que el TLC reafirma los derechos laborales existentes en nuestro país, por lo que jurídicamente no podría afirmarse que menoscaba esos derechos o los principios establecidos por nuestra Constitución en materia laboral.

* Colaboraron en la elaboración de este documento los abogados Esteban Agüero, Alejandra Aguilar, Irene Arguedas, Marianella Arias, Francisco Chacón Bravo, Francisco Chacón González Roberto Echandi, Luis Adolfo Fernández, Neftalí Garro, Gustavo Guillén, Rubén Hernández Valle, Vicente Lines, Aldo Milano, Fernando Ocampo, Luis Ortiz, Alejandro Pignataro, Eric Scharf, Ronald Saborío, Edgar Tenorio, Alan Thompson, Nelly Vargas, Manuel Ventura y Fabián Volio.

Supuestos roces Constitucionales del TLC #3

2007-06-09T13:59:00.000-06:00

3. Supuesta inconstitucionalidad del capítulo 15 por crear una situación de incapacidad fáctica del Estado costarricense para satisfacer el derecho a la salud

Desde el punto de vista jurídico, se produce una inconstitucionalidad –en este caso, de una disposición contenida en un tratado internacional- cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma con el Derecho de la Constitución. A pesar de ello, en el tema que ahora se examina, los asesores de la UCR encuentran una inconstitucionalidad más que en lo establecido en el Tratado, en la forma en que se regula en la legislación de un país extranjero la materia bajo estudio, así como sobre la base de meras especulaciones sobre efectos que podría, según su entendimiento, ocasionar el tratado.

En primer lugar, es falso que el TLC prolongue indefinidamente los plazos máximos previstos para las patentes. No hay nada en el capitulo 15 que le exija a los Estados parte del tratado modificar el plazo de 20 años actualmente vigente conforme al Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (Acuerdo sobre los ADPIC). Lo que incluye el TLC en su articulo 15.9.6 es la posibilidad de extender el plazo de las patentes únicamente en casos de retrasos injustificados en su otorgamiento o como resultado del proceso de aprobación de comercialización en los casos de los productos farmacéuticos. Los términos de extensión no son indefinidos, ya que el TLC los deja a criterio de cada una de los
Estados parte. Será en las reformas a la legislación sobre patentes que se tramitan actualmente en la Asamblea Legislativa en las que se definirá la forma en que Costa Rica cumplirá con este compromiso.

Con respecto a la protección de los datos de prueba, los asesores de la UCR parecen desconocer el hecho que Costa Rica tiene la obligación de proteger dichos datos, no como resultado del TLC, sino en virtud de las disposiciones previstas en la OMC, particularmente como resultado de las disposiciones establecidas en el articulo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Asimismo, la Ley No. 7975 sobre Información no Divulgada refleja dicha obligación.

La única variante que incluye el TLC al respecto es incluir los plazos específicos de protección, plazos que están acordes con la práctica internacional sobre esta materia.

Se incluyen en el documento de la UCR varias opiniones y especulaciones sobre los supuestos efectos del tratado en el tema de la salud. Se trata de argumentos de conveniencia y oportunidad, no propiamente jurídicos. En todo caso, es irónico que se cuestionen ciertas limitaciones establecidas respecto a los agroquímicos basándose en el derecho constitucional a la salud, cuando las tendencias actuales se orientan hacia la utilización de métodos orgánicos y naturales para la eliminación de plagas, debido precisamente a los riesgos relacionados con la salud que pueden ocasionar los agroquímicos.

Asimismo, en el caso de la protección de los datos de prueba para productos farmacéuticos, no es correcto que producirá los efectos negativos que se alegan en relación con el sistema de seguridad social costarricense. Por una parte, es importante resaltar que del presupuesto total de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), únicamente alrededor del 10% se destina a la compra de medicamentos, por lo que difícilmente este tipo de disposiciones tendría un efecto considerable sobre sus finanzas.

Por otro lado, también es cuestionable que se argumente que la protección de cinco años establecida para los datos de prueba de productos farmacéuticos afectaría a los asegurados de la CCSS, cuando la CCSS dura en promedio más de cinco años en incorporar los medicamentos dentro de su lista oficial desde que los mismos son lanzados al mercado nacional. Así está claramente reflejado en la última actualización de la CCSS efectuada en el año 2007, donde se puede apreciar que el medicamento de más reciente incorporación data del año 2001. En otras palabras, si el TLC estuviera vigente en estos momentos ya el plazo de protección de los datos de prueba para esos medicamentos habría expirado, lo que demuestra que son exageradas e irrazonables las consecuencias que se le quieren atribuir al capítulo 15 del TLC.

* Colaboraron en la elaboración de este documento los abogados Esteban Agüero, Alejandra Aguilar, Irene Arguedas, Marianella Arias, Francisco Chacón Bravo, Francisco Chacón González Roberto Echandi, Luis Adolfo Fernández, Neftalí Garro, Gustavo Guillén, Rubén Hernández Valle, Vicente Lines, Aldo Milano, Fernando Ocampo, Luis Ortiz, Alejandro Pignataro, Eric Scharf, Ronald Saborío, Edgar Tenorio, Alan Thompson, Nelly Vargas, Manuel Ventura y Fabián Volio.

Supuestos roces Constitucionales del TLC #2

2007-06-07T13:26:00.000-06:00

2. Supuesta inconstitucionalidad del capítulo 19 en cuanto a las atribuciones de la Comisión de Libre Comercio

La Comisión de Libre Comercio no es un órgano supranacional pleno. Como lo han entendido voces autorizadas (Rubio Llorente), desde la óptica estrictamente jurídica, la supranacionalidad plena de un órgano, exige la creación de una estructura integrada por los Estados parte, quienes si bien mantienen su soberanía, deciden someterse a las decisiones que adoptan los órganos propios de dicha estructura supranacional. Tales decisiones tienen efecto directo en el territorio de los Estados y, en caso de colisión, prevalecen sobre las normas dictadas por éstos. Siguiendo a Weiler, estima Rubio Llorente, habrá supranacionalidad plena, jurídica y política, solo si se dan dos requerimientos:
i.- que el órgano decisor no esté integrado por representantes de los Estados miembros;
ii.- si lo está, que no actúe de acuerdo con el principio de unanimidad, sino con el de mayoría. En el caso de la Comisión de Libre Comercio, no se presenta ni una ni otra condición: estará integrada por representantes de los Estados miembros (19.1.1) y la adopción de sus decisiones, no rige el principio de la mayoría, sino más bien, el de consenso o unanimidad (19.1.5).

Tampoco es cierto que la Comisión asuma "algunas funciones privativas de los órganos superiores del Estado".

En el voto 7428-05, la Sala Constitucional validó desde el punto de vista constitucional, un órgano de características análogas, contenido en el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad del Caribe, descartando además, que se estuviese frente a la transferencia de competencias a un ordenamiento jurídico comunitario. Se trata de un pronunciamiento que confirma la pauta jurisprudencial de ese Tribunal en la materia, sobre lo cual pueden consultarse también los votos 3471-99, 8408-00 y 8190-02.

De ningún modo la Comisión imposibilita el control de constitucionalidad. Como se ha señalado por la propia Sala Constitucional (voto 8190-02), la potestad de adoptar decisiones vinculantes para ciertos efectos por parte de la Comisión, no implica "que el Poder Judicial de Costa Rica pueda ser sustituido por la Comisión de Libre Comercio o cualquier otro órgano".

Igualmente, nada impide que las decisiones de la Comisión, que según el tratado tienen la naturaleza de protocolos de menor rango autorizados por el artículo 121 inciso 4) párrafo tercero de la Constitución, puedan ser sometidas a control de constitucionalidad, en los términos y condiciones dispuestas al efecto por la Ley de la Jurisdicción Constitucional (art. 73 incisos a) y d).

Sobre este punto, interesa señalar que ya la Sala Constitucional se ha pronunciado en sentido diverso al planteado por los asesores de la Universidad de Costa Rica. Como se señaló en el voto 8404-00, las disposiciones de los tratados de libre comercio deben ser interpretadas conforme a la Constitución, de modo que las potestades atribuidas a estos órganos, han de ser considerados protocolos de menor rango y en los casos en que no sea así, en tanto lo decidido suponga aspectos sustanciales no autorizados expresamente en el tratado, deberán seguirse los procedimientos del Derecho interno costarricense, tesis reiterada, posteriormente, en el voto 8190-02 y que supone una sólida línea jurisprudencial en la materia, que no logra desacreditar la Universidad de Costa Rica en su ponencia al respecto.

* Colaboraron en la elaboración de este documento los abogados Esteban Agüero, Alejandra Aguilar, Irene Arguedas, Marianella Arias, Francisco Chacón Bravo, Francisco Chacón González Roberto Echandi, Luis Adolfo Fernández, Neftalí Garro, Gustavo Guillén, Rubén Hernández Valle, Vicente Lines, Aldo Milano, Fernando Ocampo, Luis Ortiz, Alejandro Pignataro, Eric Scharf, Ronald Saborío, Edgar Tenorio, Alan Thompson, Nelly Vargas, Manuel Ventura y Fabián Volio.

Supuestos roces Constitucionales del TLC #1

2007-06-06T19:55:00.000-06:00

Introducción

Recientemente la Universidad de Costa Rica (UCR) divulgó un documento que señala supuestos vicios de constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (TLC), elaborado por una instancia denominada "Comisión especial sobre roces constitucionales del TLC" que fue designada por la Rectoría.

Con el fin de propiciar un análisis equilibrado de los contenidos del TLC y sus implicaciones a la luz de la Constitución, la Asociación para el Estudio Jurídico del TLC (Ase-TLC) coordinó la elaboración de este documento de respuesta, en el que han participado abogados especializados en diversas ramas del Derecho relacionadas con los contenidos del tratado.

A continuación se exponen los resultados del análisis realizado.

1. Supuesta inconstitucionalidad del capítulo 10 sobre arbitraje Se aduce que el capítulo 10 del TLC faculta al inversionista a recurrir al arbitraje aunque el caso envuelva autoridad pública o disposición sobre bienes o intereses públicos y bajo las reglas acordadas por gobernantes y funcionarios con el inversionista, por encima de la legislación costarricense, lo que sería contrario a la Constitución. En realidad, esa argumentación parte de una interpretación errónea de lo que dice el capítulo 10 del TLC.

Efectivamente, el inversionista de un país signatario del tratado que invierta en otro país signatario tiene la opción de recurrir a un arbitraje en ciertas disputas sobre inversión que puedan surgir entre ese inversionista y el Estado anfitrión.

Ahora bien, para que una reclamación arbitral proceda, el inversionista afectado debe demostrar que el Estado demandado violó una norma sobre inversión prevista en la sección A del capítulo 10 del tratado o un acuerdo o autorización de inversión que le otorgó derechos al inversionista; asimismo, debe demostrar que sufrió daños o pérdidas y que esos daños o pérdidas fueron resultado de la violación cometida por el Estado. De estarse en todos esos supuestos y sólo así, el arbitraje cabría y se regiría por las normas previstas en el capítulo 10 del TLC y por normas internacionalmente reconocidas, como son las del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

El hecho de que el arbitraje involucre bienes o intereses públicos no lo hace inconstitucional. El Estado y los entes públicos en general ya están facultados por diversas leyes para recurrir al arbitraje (artículo 27.3 de la Ley General de la
Administración Pública, artículo 27 de la Ley de Expropiaciones, artículo 18 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos) y la Sala Constitucional ha confirmado la validez del arbitraje en asuntos de Derecho público, con la única limitación de que no implique o comprometa el ejercicio de potestades de imperio (voto 15095-05, entre otros). En el TLC, un tribunal arbitral sólo podría condenar al Estado demandado al pago de una indemnización (artículo 10.26.1), nunca a anular una ley, reglamento o acto administrativo, así es que el arbitraje se mantiene en un ámbito esencialmente patrimonial. Además, el mismo tipo de mecanismo arbitral del capítulo 10 del TLC está presente en 3 tratados de libre comercio y 14 tratados de protección de inversiones ya aprobados por el país, que fueron consultados en su momento a la Sala Constitucional sin que esta encontrara problemas de constitucionalidad (votos Nos. 7005-94, 4708-97, 4710-97, 4726-97, 0019-98, 1202-99, 1307-99, 3471-99, 1270-00,
9740-00, 9910-00, 9987-00, 10093-00, 10092-00, 12006-01, 12494-01, 7428-05).

Por otra parte, se interpreta mal el artículo 10.22 del TLC, relativo al derecho aplicable a las disputas sometidas a un arbitraje. Dicho artículo debe interpretarse razonablemente e integrado con el resto del ordenamiento jurídico, incluyendo el principio de legalidad constitucional. En nuestro medio, la Ley No. 7494 de la Contratación Administrativa (artículo 42 inciso h) y la Ley No. 7762 de Concesión de Obras Públicas (artículo 4) mandan expresamente que esos contratos se rijan por las leyes costarricenses, así es que el Estado no estaría facultado para acordar que el contrato se rija por normas distintas. Y en cuanto a las licencias, autorizaciones o permisos que otorgue el Estado, para que califiquen como autorización de inversión" en los términos del TLC y puedan dar lugar a una disputa arbitral se requiere, entre otros factores, que hayan sido otorgados de conformidad con la legislación interna (artículo 10.28, párrafo (g) de la definición de "inversión"). En consecuencia, es falso que un arbitraje al amparo del capítulo 10 del TLC pueda regirse por reglas acordadas entre los funcionarios y el inversionista por encima de la legislación nacional aplicable.

* Colaboraron en la elaboración de este documento los abogados Esteban Agüero, Alejandra Aguilar, Irene Arguedas, Marianella Arias, Francisco Chacón Bravo, Francisco Chacón González Roberto Echandi, Luis Adolfo Fernández, Neftalí Garro, Gustavo Guillén, Rubén Hernández Valle, Vicente Lines, Aldo Milano, Fernando Ocampo, Luis Ortiz, Alejandro Pignataro, Eric Scharf, Ronald Saborío, Edgar Tenorio, Alan Thompson, Nelly Vargas, Manuel Ventura y Fabián Volio.

MEDICAMENTOS Y TLC

2007-06-06T13:01:00.000-06:00

¿De qué se trata y de qué no?

1. La información contenida en el artículo “El TLC, las patentes y las medicinas” es falsa, incorrecta y tendenciosa. Recientemente ha circulado por medios electrónicos un artículo titulado “El TLC, las patentes y las medicinas”, escrito por un fabricante de agroquímicos genéricos, en el que se hacen una serie de afirmaciones falsas, incorrectas y tendenciosas con el objetivo de procurar el rechazo del TLC.

2. Dos artículos del capítulo de propiedad intelectual del TLC tienen relación con el tema de los medicamentos, los cuales no afectan las potestades públicas necesarias para la adquisición de medicamentos y ejecutar una adecuada política de salud. Los artículos 15.9 y 15.10 del TLC establecen reglas en materia de patentes y datos de prueba aplicables a las medicinas. Las obligaciones principales de cada país Parte del TLC en esta materia son:

· Otorgar patentes para cualquier invención nueva, que entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial (art. 15.9.1), permitiéndose excluir de patentabilidad ciertas materias (art, 15.9.2), establecer excepciones a los derechos conferidos por un patente (art. 15.9.3) y prever la revocatoria o anulación de la patente (art. 15.9.4). Estos temas ya están regulados por la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Ley No. 6867 12/12/83 reformada por Ley No. 7979 de 06/01/00).

· Permitir que un tercero use un producto patentado con el fin de generar la información necesaria para obtener la autorización para la venta de un medicamento o agroquímico, una vez vencida la patente (art. 15.9.1). Esto con el fin de facilitar la introducción de genéricos al mercado.

·Ajustar el plazo de protección de una patente para compensar i) por retrasos irrazonables en otorgarla (Esto sólo ocurriría si el retraso no es imputable al solicitante y excede 5 años a partir de la fecha de presentación de solicitud de la patente o 3 años de la fecha de solicitud del examen de la patente), o ii) en el caso de medicamentos, si hay una reducción irrazonable del plazo efectivo de protección de la patente como resultado del proceso para autorizar su venta (art. 15.9.6). Esto para evitar que se utilicen indebidamente estos procesos para reducir el plazo efectivo de protección de la patente.

· Proteger los datos no divulgados que prueban que un medicamento o agroquímico nuevo es seguro y eficaz a fin de impedir que terceros no autorizados los usen para obtener la autorización para la venta de sus productos (art. 15.10.1). Esta protección es de 5 años en el caso de los medicamentos y de 10 en el de los agroquímicos. La Ley de Información No Divulgada (No. 7975 de 17/12/99) ya contiene la obligación de proteger estos datos, aun cuando no especifica el período de duración de la protección.

· Otras complementarias, en particular, cuado un país otorgue a un tercero permiso para vender un medicamento utilizando información sobre seguridad y eficacia presentada en otro país, ese país deberá tomar medidas para evitar que terceros no autorizados comercialicen el producto patentado o autorizado para la venta en otro país durante la vigencia de la patente, así como informar al titular de la patente de la solicitud e identidad de cualquier tercero que solicite esa autorización para la venta (art. 15.10.2).

3. El TLC no impacta de ninguna manera las potestades públicas para ejecutar una política de adquisición de medicinas. En particular, los planteamientos que hace el autor del artículo citado son falsos, incorrectos y tendenciosos:

· Compra de medicinas genéricas: ninguna disposición del TLC prohíbe la producción, compra o distribución de medicamentos, ni genéricos, ni innovadores o “de marca”. La única obligación que el TLC establece es la de proteger por 5 años los datos que una persona ha generado para demostrar que una medicina es segura y eficaz. Ese plazo es el mismo establecido en otros países tales como Brasil, Colombia, Chile y México. Pasados esos 5 años, cualquier otra persona puede utilizar esos datos para solicitarle al Ministerio de Salud que le autorice vender un medicamento (art. 15.10.1). Esto no incide de ninguna manera en la posibilidad de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o los particulares puedan adquirir genéricos, aunque eventualmente podría afectar los intereses de los fabricantes de genéricos, que tendrían que respetar ese plazo antes de usar los datos generados por otros.

· Precio de las medicinas: ninguna disposición del TLC se refiere al precio de las medicinas. Como lo señaló el Presidente Ejecutivo de la CCSS, “el TLC no es el que dispara el costo de los medicamentos, sino el aumento en la demanda de los servicios de la Caja por personas que hacen valer sus derechos de utilizar el sistema de salud. Con esto aumenta la demanda de la salud pública y, por ende, las necesidades de medicamentos para enfermedades cada vez más complejas”. (“TLC no perjudicará compras de medicamentos de la Caja, La Nación, 14/09/06 )

· Modelo de cobertura total de la CCSS: ninguna regla del TLC se relaciona con el modelo de cobertura de la CCSS. La CCSS mantiene total libertad para decidir qué medicinas incluye en su cuadro básico de medicamentos.

· Duración de las patentes: como en la mayoría de los países, la ley costarricense establece 20 años como plazo de duración de las patentes. El TLC no extiende ese plazo. Para evitar que se retrase irrazonablemente el proceso mismo de otorgamiento de patente o que el proceso para autorizar la venta de la medicina en el país se utilice para reducir el plazo efectivo de la patente, el TLC establece el deber de compensar por los retrasos sufridos, en tanto esos retrasos sean irrazonables (art. 15.9.6).

4. Es importante resaltar, además, que el TLC no altera las dos potestades públicas más importantes para ejecutar una política de adquisición de medicamentos: las licencias obligatorias y las importaciones paralelas. Así, el TLC resguarda la posibilidad que tiene el gobierno en ciertos casos definidos por la ley costarricense, por ejemplo, una emergencia, de solicitar a los fabricantes nacionales que fabriquen una determinada medicina, aun cuando ésta continúe protegida por una patente. Resguarda también la posibilidad de importar medicinas de otros países, por ejemplo, cuando éstas sean más baratas, a pesar de que la empresa que las produce tenga la distribución exclusiva en el territorio costarricense de esas medicinas.

5. En resumen, el TLC contiene reglas muy puntuales relacionadas con el tema de los medicamentos. Ninguna de ellas tiene efectos negativos sobre el acceso de los costarricenses a las medicinas, aunque los intereses de algunos pocos fabricantes de genéricos sí podrían verse afectados.

Tomado de Por Costa Rica

Libertad y pluralismo universitario

2007-06-04T00:51:00.000-06:00

Tomado de Editorial La Nación, 4 de Junio 2007

Las universidades públicas tienen el deber de promover la discusión abierta
El pensamiento institucional único es lo contrario de la libertad académica

Si en algún espacio cívico e institucional debe producirse -y fomentarse activamente- un debate libre y plural sobre los temas de interés nacional, es en las universidades, sobre todo aquellas de índole estatal que, por serlo, trabajan con fondos públicos y se deben al conjunto de los ciudadanos, con su enorme gama de matices, aspiraciones, intereses, temores y esperanzas. Se trata de un imperativo ético y académico, de una vía indispensable para llegar al conocimiento y de una forma de enaltecer el principio de autonomía consagrado constitucionalmente.

Las universidades nunca deben ser instrumentos de militancia o de pensamiento institucional único en torno a los asuntos nacionales, sino focos de pluralidad, apertura y reconocimiento de las diferencias. Y, sobre todo, deben ser particularmente cuidadosas de que no se irrespete el derecho de cada universitario a expresarse libremente, sin temor y sin presiones.

Todo lo anterior debe tenerse muy en cuenta de cara a la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, y al referendo sobre su ratificación. Y en esta materia, por desgracia, hay puntos que resultan inquietantes.

El viernes, un grupo de estudiantes de las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA), Estatal a Distancia (UNED) e Instituto Tecnológico (ITCR), llamaron a "acabar con la parcialidad de la información producida dentro de la universidad" e instaron a los estudiantes y profesores que favorecen el TLC a manifestarse sin temores. Pareciera ocioso un llamado de esta índole, si partiéramos de que en todas esas universidades se han respetado los principios expuestos al comienzo de este editorial. Pero no siempre ha sido así, aunque existen grandes diferencias entre las cuatro instituciones. He aquí algunos hechos a tomar en cuenta:

En la mayoría de las mesas redondas o conferencias organizadas por la UCR para "discutir" el Tratado, la pluralidad brilla por su ausencia, y el pensamiento único (y negativo) es la norma. Con las comisiones ad hoc que se establecen para analizar aspectos específicos del TLC, puede ocurrir algo similar: si, al escoger a sus integrantes, se desdeña la diversidad de sus criterios y se privilegia la unanimidad (de nuevo hacia el no), el resultado será totalmente predecible. Y, cuando se divulga lo que dicen esas comisiones, sin preocuparse por contrastarlo con quienes piensan distinto, se corre el riesgo de pasar la raya que conduce hacia la propaganda, algo particularmente serio en tiempos de referendo, con la prohibición de usar fondos públicos para las campañas, sea del sí o el no. Por ejemplo, después que una comisión designada por la Rectoría de la UCR emitiera un dictamen sobre presuntos roces de constitucionalidad del Tratado, la Universidad simplemente se dedicó a promover el texto, en lugar de someterlo a un vigoroso debate interno, con juristas igualmente distinguidos que quienes integraron la comisión, pero que piensan distinto.

Más inquietante aún es que algunos consejos universitarios, entre cuyas funciones estatutarias no está representar el pensamiento de sus instituciones, han sido pródigos en declaraciones contra el Tratado, que luego se presentan como la "posición" oficial, y olvidaron que, en torno a temas nacionales, las posiciones únicas son lo contrario del espíritu universitario.

Cuando todo lo anterior ocurre en algunas cúpulas institucionales, es lógico que los grupos más vociferantes e intransigentes se sientan "empoderados" e intenten imponer su criterio, vía agresiones verbales, disrupción de verdaderos debates o, incluso, amenazas sobre quienes osan emitir opiniones distintas de las recogidas por las comisiones ad hoc o los consejos universitarios.

De la mano de todo lo anterior, hemos llegado al triste resultado de que algunas facultades universitarias, especialmente de la UCR, se han convertido en recintos vedados para la discusión libre sobre el TLC. Y a todo esto deben añadirse los sesgos deliberados de algunos de sus medios de comunicación.

En tales circunstancias, el respetuoso llamado hecho por un grupo de estudiantes a todas las autoridades universitarias, para que promuevan la pluralidad, y a sus compañeros y profesores, para que pierdan el miedo a manifestar su opinión, debe ser bienvenido. Lo que se impone, ahora, son compromisos institucionales activos (no simplemente retóricos) de fidelidad hacia la esencia de la universidad como crisol de pluralidades y libertad de pensamiento, no como plataforma de militancia.

Denuncia Pública: UCR y voluntarios

2007-06-01T20:24:00.000-06:00

Con gran preocupación denuncio ante la ciudadanía en general y los estudiantes en especial, una situación que se ha dado en la UCR con los programas de voluntariado.
Después de tanto tiempo de trabajar en proyectos sociales tan hermosos a lo largo y ancho del país, vienen ahora y se toman la libertad y el atrevimiento de usar TODA la lista de voluntarios de la UCR, que llega a más de 2.000, para que el Frente Universitario pueda pasar su propaganda, y lo que es peor, reclutar a los VOLUNTARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA UCR para actividades que nada tienen que ver con el acontecer universitario.
Además hacen uso indiscriminado de fondos públicos, que se supone son para programas sociales de la UCR, ofreciendo transporte el día del referendo, ¿cuándo la UCR ha dado transporte para elecciones? NUNCA, usando correos electrónicos oficiales de la UCR, personal administrativo, etc.
Acaso no saben que casi la totalidad de esos voluntarios son becados? Que ellos por miedo a que les eliminen sus becas podrían trabajar obligados en esta sucia campaña por el NO
Incurren además en delitos electorales al solicitar información personal de los voluntarios, y les piden además que especifiquen cual será su voto, cuando EL VOTO ES SECRETO, y resulta inaudito que una Oficina de la UCR pregunte por quién van a votar o no los estudiantes.
Espero pueda realizarse una investigación seria al respecto, ya que como estudiante universitario me preocupan esas arbitrariedades que se dan dentro de la institución.
Adjunto copia del correo enviado a todos y todas las personas que trabajan en voluntariado

---------- Forwarded message ----------
From: Voluntariado UCR <voluntar@cariari.ucr.ac.cr>
Date: Jun 1, 2007 8:42 AM
Subject: TLC
To: "Undisclosed-Recipient:;"@cariari.ucr.ac.cr

Mentiras y Verdades sobre el TLC

2007-05-31T11:50:00.000-06:00

¿Por qué alguien inventa esas cosas?
	Lo que dicen ellos	La verdad
1	El agua se convierte en un bien económico y no se le pueden imponer medidas arancelarias	Cualquier estudiante de primer año de Economía sabe que el agua se convierte en un bien económico desde el momento en que alguien la pone en un acueducto o una botella, con o sin TLC. Decir que el TLC convierte al agua en un bien económico no tiene sentido
1		Cualquier empresa que quiera explotar agua en Costa Rica necesita una concesión del Estado, la cual la otorga el MINAE precisamente siguiendo criterios ambientales. Eso no cambia con el TLC
2	Se prohíbe limitar la exportación de agua, independientemente de las consideraciones ambientales	El MINAE le puede negar una concesión a cualquiera, antes, durante o después del TLC, si considera que atenta contra la sostenibilidad del recurso
2		Además el agua no tiene hoy aranceles, de manera que nada vendría a cambiar en ese sentido con el TLC
3	La Ley Forestal no se considera parte de la legislación ambiental	¿De dónde saca eso? ¿Por qué inventa semejante cosa? La legislación ambiental de Costa Rica queda intacta con el TLC, incluyendo la Ley Forestal
3		Más bien el país se obliga a aplicarla con rigor, que es lo que buscaría cualquier ambientalista sensato
4	El TLC "perpetúa la entrega del atún… y la apertura del mar territorial, el cual ahora es privilegio de los pescadores artesanales	Eso es totalmente falso. Además, ni todos los pescadores artesanales de Centroamérica, pescando juntos, podrían explotar el mar territorial de Costa Rica. Y si ahora el país no lo controla, eso es por falta de capacidad de vigilancia marítima, y no tiene nada que ver con el TLC.
5	Si la explotación petrolera se considera un servicio, con el TLC las empresas petroleras pueden demandar al Estado, pero el Estado no puede demandar a las empresas	El TLC no modifica la legislación de Costa Rica en materia de petróleo, ni impide tampoco que el país la reforme.
5		En particular, es falso que el TLC considere la explotación petrolera como un servicio; más bien se aclara que la extracción de recursos naturales "no se considerará(n) servicios para los propósitos de este Tratado
6	Con el TLC Costa Rica renuncia a aplicar la legislación nacional, y todo litigio se traslada a arbitrajes internacionales	Nada en el TLC afecta la potestad del Estado de demandar a una empresa por incumplimiento de sus obligaciones ambientales, de conformidad con la legislación nacional
		El mecanismo arbitral establecido para resolver conflictos entre inversionistas y Estado es conforme con la Constitución Política y no es ninguna novedad en Costa Rica: cerca de 20 tratados suscritos con países como Alemania, Canadá, Chile, España, México, Venezuela y otros, contienen mecanismos similares
		El TLC más bien refuerza el régimen legal costarricense, y deja los arbitrajes internacionales para casos muy especiales, que por cierto nada tendrían que ver con cosas como que una comunidad se declare "libre de transgénicos”

Tomado de Informando T

El medio ambiente y el TLC

2007-05-31T02:11:00.000-06:00

¿De qué se trata y de qué no?

Respuesta a la presentación “Medio ambiente y el TLC” que circula por internet

1. La información contenida en la presentación “Medio ambiente y el TLC” es falsa, incorrecta y tendenciosa. En estos días ha estado circulando por medios electrónicos en el ámbito universitario una presentación denominada “Medio ambiente y TLC” en la que se hacen afirmaciones falsas, incorrectas y tendenciosas con el objetivo de procurar el rechazo del TLC.

2. La dimensión del medio ambiente en el TLC se basa en el respeto de las leyes nacionales y la cooperación para el fortalecimiento de su aplicación. El TLC es un complemento, no un sustituto, de la legislación nacional en la materia. El Capítulo 17 del TLC se refiere al tema ambiental; además, se negoció un Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA). Las obligaciones de cada país Parte del TLC en este campo son: "aplicar efectivamente su propia legislación ambiental, es decir, aquella destinada a proteger el medio ambiente o a prevenir algún peligro contra la vida o salud humana, animal o vegetal en materia de contaminantes ambientales, sustancias o desechos tóxicos o peligrosos y conservación de la flora y fauna silvestres (art 17.2.1(a) y 17.13.1);
procurar mejorar su legislación en este campo, sin asumir ninguna obligación de modificarla, ni tampoco de mantener la existente; tampoco se busca armonizar las leyes entre los países Parte del TLC (art. 17.1);
otras complementarias, entre ellas, mantener procedimientos judiciales o administrativos para reparar las infracciones a la legislación ambiental (art. 17.3); la importancia de utilizar incentivos y mecanismos voluntarios para promover la protección ambiental (art. 17.4); y, el deber de recibir comunicaciones del público en relación con esta materia y de darles debida respuesta (art. 17.6). "

3. Para fortalecer la capacidad institucional de los países y promover el desarrollo sostenible, el TLC establece una Comisión de Cooperación Ambiental responsable de desarrollar un plan de trabajo que refleje las prioridades nacionales identificadas por los países como de mutuo interés (art. 17.9.4). El ACA desarrolla esto en más detalle y establece como áreas de interés para la cooperación el fortalecimiento de los sistemas de gestión ambiental; el desarrollo de incentivos y otros mecanismos voluntarios para promover la protección ambiental; la conservación de ciertas especies y el manejo de parques marinos y otras áreas protegidas; transferencia de tecnología; desarrollo y promoción de bienes y servicios amigables ambientalmente; y otros.

4. Si un gobierno no aplica efectivamente su propia legislación ambiental, otro Estado Parte del TLC puede solicitarle a un panel arbitral e independiente, con las debidas garantías de defensa, que emita un informe al respecto. En caso de demostrarse el incumplimiento, ambos países podrán acordar un plan de acción para atender el problema en cuestión. Si ese plan no pudiera acordarse o no llegara a cumplirse, el panel arbitral podría llegar a establecer una multa al gobierno que ha incumplido la obligación. Esa multa sería destinada a mejorar el cumplimiento de la legislación ambiental de que se trate (arts. 17.10 y Capítulo 20, en particular art. 20.17).

5. EL TLC no representa ningún peligro en el campo ambiental. En particular, los planteamientos que hace la presentación “Medio Ambiente y TLC” sobre los siguientes temas son falsos, incorrectos y tendenciosos:

Agua:
primero, el TLC no modifica la legislación en materia de agua, ni impide que el país la reforme (art. 17.1). El TLC no contiene ninguna innovación en la materia. Así, si ya hoy en Costa Rica se permite extraer agua para embotellarla y venderla en el país o fuera de él, el TLC no cambia esa situación; si Costa Rica quisiera reformar esa legislación en el futuro, el TLC no le impide hacerlo. Segundo, es falso que, por el TLC, no se pueda garantizar el acceso al agua a toda la población. El TLC expresamente confirma que Costa Rica puede adoptar o mantener cualquier medida respecto de los servicios de suministro de agua (Anexo II, Listas de Costa Rica).

Bosques:
primero, el TLC no modifica la ley forestal de Costa Rica, ni impide que el país la reforme (art. 17.1). El TLC no contiene ninguna innovación en la materia.
Segundo, el TLC no tiene ningún mecanismo para fomentar “megaproyectos”; en todo caso, el desarrollo de cualquier proyecto forestal deberá hacerse de acuerdo con la ley nacional; más aun, el TLC reconoce como inapropiado el promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento de la propia legislación ambiental (art. 17.2.2).

Biodiversidad: primero, el TLC establece la obligación de suscribir el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), a fin de reconocer los esfuerzos de investigación y desarrollo científicos en el mejoramiento genético de las plantas (art. 15.1.5). Al igual que lo hacen hoy México, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Ecuador, Panamá, Estados Unidos y otros países, Costa Rica podrá reconocer los esfuerzos de mejoramiento de semillas que ya hoy se llevan a cabo, por ejemplo en el campo del arroz. Segundo, nada en el TLC impide a Costa Rica regular el acceso a recursos genéticos o el uso de tecnologías que representen una amenaza para la salud o el ambiente, sobre la base de criterios científicos.

Recursos marinos costeros: el TLC no modifica la legislación de Costa Rica en materia de pesca, ni del mar territorial, ni impide que el país la reforme (art. 17.1). Así, si hoy en Costa Rica se permite la pesca de atún, el TLC no cambia esa situación, pero no le impide tampoco reformarla en el futuro.

Petróleo: primero, el TLC no modifica la legislación de Costa Rica en materia de petróleo, ni impide que el país la reforme (art. 17.1). En particular, es falso que el TLC considere la explotación petrolera como un servicio; más bien, se aclara que la extracción de recursos naturales “no se considerará(n) servicios para los propósitos de este Tratado” (Carta adjunta al TLC, 28/05/04)

Solución de conflictos entre inversionistas y Estado:
primero, nada en el TLC afecta la potestad del Estado de demandar a una empresa por incumplimiento de sus obligaciones ambientales, de acuerdo con su legislación nacional.
Segundo, el mecanismo arbitral para resolver conflictos entre inversionistas y Estado es conforme con la Constitución Política y no constituye ninguna novedad en Costa Rica: cerca de una veintena de tratados suscritos con países como Alemania, Canadá, Chile, España, México, Venezuela y otros, contienen mecanismos similares.

6. En resumen, el TLC es un instrumento que busca promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental costarricense, fortaleciendo la capacidad institucional nacional. Corresponde a Costa Rica continuar trabajando en el mejoramiento de la legislación y gestión ambiental, de la mejor manera que estime pertinente.

De ovejas, asnos y demas tipos de ganado

2007-05-29T23:17:00.000-06:00

Alejandro Barrantes Requeno
Juventud Libertaria

Mis compañeros universitarios todos los días repudian a los medios de comunicación pues los consideran "comprados" por los ricos para hacer propaganda a favor del TLC. Basta mencionar las palabras medios de comunicación para que los estudiantes estallen en risas sarcásticas y expresiones burlistas. Basta decir Canal 6, Canal 7 o La Nación y los mismos de siempre relinchan a viva voz. Pero si se les menciona a la Universidad de Costa Rica o al Semanario Universidad, aplauden afanosos a los paladines de la objetividad y la defensa de la verdad universal, cual si sus redactores recibieran la luz del conocimiento del espíritu santo. Pues bien, al menos Teletica y Repretel tienen la decencia de aceptar que defienden el TLC porque les conviene en tanto empresas privadas con intereses específicos. Sin embargo, la "conciencia lúcida del pueblo" como gustan de llamar a la UCR, ataca al TLC supuestamente desde la óptica de la academia, de la intelectualidad, de la investigación y rechazan los cuestionamientos de que sus miembros tengan intereses ocultos.

¿Por qué lo digo? Porque la UCR anuncia este domingo 20 de mayo, una conferencia denominada "El TLC: impacto socioeconómico en las comunidades rurales", en colaboración con la Pastoral Social de la Iglesia San Isidro Labrador de la Suiza de Turrialba y con la participación de, nada más y nada menos que ilustres figurines como Ottón Solís y Orlando Hernández del Partido Acción Ciudadana así como Margarita Bolaños, integrante de la Comisión Especial de la UCR sobre Roces Constitucionales del TLC.

Sí querido(a) lector (a), al igual que usted, en este momento yo también me estoy preguntando dónde está la parte a favor del TLC en dicha conferencia, en la cual lógicamente el alma máter tiene ingerencia. Y también estoy tratando de comprender cómo, la misma institución que se jacta de su objetividad, permite que sólo una posición esté presente. ¿No es que los académicos estaban iluminados por el mismo espíritu santo para revelar la verdad? Y siempre en el tema de la verdad, ¿no le corresponde a la Iglesia o a cualquiera de sus subsidiarias como la creadora esta de pastorcillos y ovejitas, digo, la Pastoral Social, revelar también la verdad sin discusiones?
No obstante, la mencionada objetividad y verdad no existe para la UCR ni para la Iglesia. En vez de pastores que guíen, crean ovejas que ciegamente siguen órdenes, en vez de ciudadanos que piensan, crean asnos que rebuznan y patean contra todo lo que tengan cerca. Esta es la realidad de estos entes "transmisores de la verdad". La Iglesia aprovechando el púlpito para hacer política, para transmitir como onceavo mandamiento la oposición al TLC, para asustar a los pobres fieles con el TLC como materialización del infierno, valiéndose muchas veces de la ignorancia de los fieles, especialmente rurales, no sólo del TLC sino de casi cualquier cosa. La Universidad, aprovechando su reconocido peso moral y su posición influyente en la toma de conciencia, patrocinando tristes aventuras ideológicas, emitiendo soeces comunicados y legitimando el bramido de profesores y estudiantes sedientos de revoluciones, al mejor estilo de aquel mayo francés del 68.

Respecto a los religiosos, Armando González tuvo ya una excelente discusión en La Nación con un sacerdote, justamente porque este último tergiversaba, desde página quince, lo que decían ciertas partes del TLC refiriéndose al derecho a la salud. La UCR también tuvo su desventurada oportunidad, con el famoso documento de Roces Constitucionales del TLC, que de manera brillante fue vapuleado, desmentido y aniquilado, por la certera contestación que hicieron abogados de la talla de Rubén Hernández, Alan Thompson, Esteban Agüero, Fabián Volio, Fernando Ocampo, etc.

A pesar de que algunas personas de manera responsable han querido desmentir a estas dos instituciones creadoras de rebaños, ambas siguen insistiendo con conferencias como la mencionada antes, que se llevará a cabo en el Colegio Técnico Profesional de La Suiza de Turrialba, para llenar de basura y cucarachas la mente de pobladores de zona rural, que en su mayoría, no tienen las misma oportunidades de informarse adecuadamente. No digo que Repretel, Teletica o La Nación tengan la razón, pero tampoco la tiene la Universidad de Costa Rica o Semanario. La verdad está por ahí, en algún lado, fuera de nuestros deseos, pero la única manera de encontrarla es confrontar las creencias con realidades y las tesis contra sus antítesis, de manera que se pueda llegar a una conclusión válida mientras las condiciones se mantengan constantes. De eso se olvidó la casa de enseñanza principal de Costa Rica.

Refutan análisis de la UCR sobre roces constitucionales del TLC

2007-05-23T17:43:00.000-06:00

Karina Alpízar Corella
kalpizar@prensalibre.co.cr
La Prensa Libre

Un grupo de 22 expertos en materia constitucional refutó los supuestos vicios de constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos divulgados por la “Comisión especial sobre roces constitucionales del TLC” de la Universidad de Costa Rica (UCR). Con el fin de plantear un análisis
equilibrado del contenido del proyecto y sus implicaciones acorde con el marco jurídico costarricense.

El especialista en materia constitucional Fabián Volio participó en la elaboración del documento. En una entrevista con LA
PRENSA LIBRE destacó que el texto emitido por la UCR no respondía a la versión de ese centro universitario, sino a la interpretación de un comité creado por la rectora, Yamileth González, para rendir un informe unilateral.

Según dijo, solo se tomó en cuenta el criterio de abogados quienes han mostrado una clara oposición al acuerdo comercial con los estadounidenses; no se le consultó a los demás profesionales de la escuela de Derecho, quienes manejan un amplio bagaje de conocimientos en materia constitucional.

Volio explicó que la conformación del Comité fue el primer indicio para dejar claro que se buscó la elaboración de un análisis sesgado de objetividad, una situación que consideró preocupante porque se trata de un tema de interés nacional, donde versiones van y vienen, sin sustento jurídico o elementos verídicos para generar un criterio en la población.

Aunado a ello, lamentó que se use el argumento de la autoridad o el cargo máximo dentro de una entidad académica superior para dirigir la opinión de los universitarios y costarricenses, sin que medie un argumento real o siquiera una verdad. Todo se manejó en la dirección que deseaba la rectora González.

Precisamente, dentro de las conclusiones del documento de 20 páginas, los expertos en materia constitucional refutan a la Comisión de la UCR que sus argumentaciones de inconstitucionalidad se sustentan en interpretaciones erróneas del texto, abunda en criterios de oportunidad y conveniencia de sus autores sobre los supuestos efectos del tratado para el país; “los cuales son discutibles y claramente insuficientes para fundamentar, desde un punto de vista jurídico, vicios de inconstitucionalidad”, detalla el informe.

En la elaboración de la respuesta al informe de la UCR colaboraron también los abogados Esteban Agüero, Rubén Hernández, Eric Scharf, Edgar Tenorio, Luis Adolfo Fernández, Alan Thompson y otros profesionales en materia constitucional.
“Ni agrega, ni quita derechos”

Volio comentó que el análisis de la UCR está equivocado porque parte de la premisa de que “todo lo que no está en el Tratado no existe”; y según explicó “el TLC no tiene por propósito ni quitar ni agregar derechos o reglas en materia laboral, ambiental o contratación administrativa; su único fin es regular los linimientos jurídicos relacionados con los fines comerciales, para evitar competencia desleal u otros elementos que perjudiquen la equidad en el intercambio de los productos.

Por ejemplo, en cuanto a la supuesta inconstitucionalidad de la definición de “legislación laboral”, el grupo de expertos aclaró que el concepto contenido en el TLC busca únicamente delimitar el ámbito de aplicación del acuerdo con respecto a ciertos derechos laborales mínimos que los Estados acuerdan respetar, sin perjuicio de que cada país establezca regulaciones de mayor cobertura.

En cuanto a los elementos cuestionados por la “incorporación de reglamentos técnicos a la legislación nacional” se menciona que el principio no implica la aplicación automática de leyes o formativas extranjeros al ordenamientos jurídico nacional, ya que cada país mantiene vigente y utiliza la legislación interna, mientras que cualquier regulación extranjera que se acepte como equivalente debe emitirse y promulgarse de acuerdo con el marco jurídico costarricense.

El abogado Volio aseveró que los lineamientos jurídicos costarricenses, las convenciones internacionales en todas las áreas están por encima del TLC; de ninguna manera el acuerdo comercial tiene una potestad superior a criterios legales de peso asumidos por el Estado Costarricense.

UCR: 15 errores graves

2007-05-21T11:38:00.000-06:00

Francisco Chacón
Alan Thompson
Abogados graduados de la UCR

El documento de la Universidad de Costa Rica (UCR) con los supuestos vicios de constitucionalidad del tratado de libre comercio entre Centroamérica, EE. UU. y República Dominicana (Cafta), contiene graves errores de interpretación sobre los alcances del acuerdo, que se resumen en lo siguiente:

1. El Estado está facultado para recurrir al arbitraje y la Sala IV ha confirmado su validez en asuntos de derecho público, con la única limitación de que no comprometa el ejercicio de potestades de imperio, lo cual no ocurre en el Cafta. Este mecanismo está presente en 17 tratados ya aprobados, que fueron consultados en su momento a la Sala sin que encontraran problemas. Por otra parte, el art. 10.22 del Cafta, relativo al derecho aplicable a las disputas, debe interpretarse razonablemente e integrado con el resto del ordenamiento jurídico, siendo falso que el arbitraje pueda regirse por reglas acordadas entre los funcionarios y el inversionista por encima de la legislación nacional aplicable.

No es cierto

2. La Comisión de Libre Comercio no es un órgano supranacional pues estará integrada por representantes de los estados y sus decisiones se adoptan por consenso. Tampoco es cierto que asuma “funciones privativas de los órganos superiores del Estado”. La Sala validó ya este tipo de órgano, descartando que hubiere transferencia de competencias a un ordenamiento comunitario (votos 8404-00 y 8190-02).

3. En la supuesta incapacidad para satisfacer el derecho a la salud, la UCR encuentra una inconstitucionalidad no en el Cafta, sino en la forma en que se regula en un país extranjero esa materia y se basa en meras especulaciones sobre los efectos del tratado.

4. La definición de “legislación laboral” del Cafta no afecta lo que en nuestra legislación se entiende por legislación laboral; de ninguna manera disminuye los derechos laborales en Costa Rica. Al contrario, reafirma el respeto de las disposiciones constitucionales y legales en materia laboral.

5. Es válido que el Estado se comprometa en un tratado a aprobar otros tratados y leyes dentro de ciertos plazos (art. 105, párrafo primero de la Constitución). Ya en otros casos se han contemplado remisiones a otros tratados o compromisos de aprobar otros tratados o leyes, lo cual ha sido examinado por la Sala sin encontrar problemas (votos 7004-94 y 7005-94). También lo es efectivizar el principio de transparencia mediante la participación ciudadana en la formación de las leyes y reglamentos, mientras que es irrelevante jurídicamente lo que disponga la ley de implementación del Cafta en EE. UU, especialmente cuando prohíbe reservas.

6. En contratación pública el Cafta procura eliminar la discriminación, promover el principio de transparencia y garantizar la existencia de controles administrativos y jurisdiccionales, por lo que es conforme con el artículo 182 constitucional.

7. El Anexo 13 (Compromisos en Telecomunicaciones) no excluye ni es incompatible con la aplicación del procedimiento licitatorio cuando se trata del otorgamiento de concesiones para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Además, el numeral IV.7 no es discriminatorio porque se refiere a dos tipos de servicios distintos, los de telecomunicaciones y los de información. Finalmente, utilizar la fecha del inicio de las negociaciones como parámetro para la consolidación del nivel de acceso al mercado es usual en toda negociación comercial y se fundamenta en el principio de la buena fe.

Limitaciones razonables

8. Las salvaguardias son medidas temporales de emergencia para facilitar el ajuste de las industrias amenazadas por importaciones masivas de productos similares o directamente competidores.

Por ello, es razonable que existan limitaciones en su aplicación, como las que contiene el Cafta, a fin de impedir que se conviertan en un medio de frustrar uno de sus objetivos esenciales. El análisis de la UCR es incompleto, ya que no considera que el Cafta dispone que las Partes conservan los derechos y obligaciones del Artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.

9. El principio de “equivalencia” en las normas técnicas no implica la incorporación automática de leyes o reglamentos extranjeros al ordenamiento jurídico nacional, y cualquier regulación extranjera que se acepte como equivalente debe emitirse de acuerdo con las normas del derecho interno.

10. El Cafta dispone que todos los países suscriptores deberán abstenerse de otorgar subsidios a la exportación, incluyendo a EE. UU. En el caso de los productos sensibles que se desgravan y reciben algún tipo de apoyo a la producción, como el arroz, el Cafta dispone que la protección que hoy recibe se mantendrá prácticamente inalterada durante casi 20 años. Además, el Cafta dispone que si en ese momento los subsidios estadounidenses persisten, entonces podrá decidirse prorrogar el mecanismo de salvaguardia especial agrícola del tratado.

11. Las disposiciones del anexo 3.3 del Cafta se limitan al trato arancelario de los productos listados y, junto con la legislación interna, fijan sus requisitos de importación y comercialización. Las condiciones de fabricación de armas son ajenas al programa de desgravación arancelaria y al Cafta.

12. La definición de “territorio” en un TLC procura determinar el ámbito de aplicación del tratado, no modifica los límites territoriales de los Estados firmantes. Ya esto lo ha resuelto la Sala IV (voto 7428-05).

13. La Constitución requiere mayoría calificada únicamente para la creación de nuevos monopolios a favor del Estado, no para eliminarlos. Además, el Cafta no requiere que el INS pierda ni se modifique su condición de institución autónoma.

Interpretaciones erradas

14. En materia ambiental, el Cafta pretende promover el cumplimento de la legislación ambiental de cada parte y que no se desapliquen para favorecer el comercio. No hay ninguna subordinación del tema ambiental al comercial, ni se menoscaba su protección.

Todo lo contrario, se busca garantizar una protección ambiental efectiva, de manera que se estarían ampliando los mecanismos previstos en el artículo 50 constitucional. También esto ya lo resolvió la Sala (voto 7428-05).

15. Pero quizá el error más grave lo cometen las autoridades de la UCR, al tomar partido y adoptar una posición radical en torno al Cafta, basada en gran parte en prejuicios ideológicos, en lugar de fomentar la discusión amplia y el debate de ideas, como debería hacerlo una universidad.

Conclusión: La UCR sustenta sus argumentaciones de inconstitucionalidad en interpretaciones erróneas del texto y espíritu del Cafta.

Asimismo, abunda en criterios de oportunidad y conveniencia de sus autores sobre los supuestos efectos del tratado para el país, las cuales son discutibles y claramente insuficientes para fundamentar, desde un punto de vista jurídico, vicios de inconstitucionalidad.

MAR y los "estudiantes" de la UCR

2007-05-18T01:56:00.000-06:00

Lleva toda la razón de estar enojado el expresidente Miguel Angel Rodriguez (no voté por el ni me agrada) al relatarnos como durante una charla suya en la UCR unos pocos jóvenes interrumpieron, entrando con una manta e insultándolo a grito pelado.

Es una verguenza, y como estudiante de esa "casa de enseñanza" le doy toda la razón cuando dice en su artículo que "en ese acto bochornoso de muy pocos no se reflejan la UCR ni el estudiantado en general, ni sus profesores. No recuerdo en mi vida de profesor de la UCR ni en una universidad pública costarricense que haya sucedido algo así en aula o auditorio, sitios sagrados de reflexión y debate de ideas... digo a esos pocos jóvenes: ¡no!, jóvenes, ¡así no! Es con ideas, no con insultos; es con la palabra, no con gritos; es con más pensamiento. Si ciertamente tienen ideas, háganlas valer por su verdad de convencimiento, no por los puños del autoritarismo."

Nos toca a nosotros estudiantes luchar por el rescate de la U.

Rescatarla de la propaganda del Semanario, de Canal 15, de la Radio U, del Concejo Universitario y de tantos otros que se roban los fondos públicos para adoctrinar y financiar SU opinón sin tomar en cuenta a los que si estudiamos y no nos dejamos apantallar por la moda del No por el NO.

Para que vuelva a ser el centro de enseñanza y debate de ideas que alguna vez fue, y no un centro de lavado de cerebros.

Nos toca rescatarla de todos estos vagabundos intolerantes, que como no tienen ideas que defender practican el famoso miente miente y grita grita que algo queda.
Por la mejora de la educación superior no podemos dejar que estos radicales caratapada nos roben nuestro futuro.

Por Costa Rica vota si al TLC, si a la educación de calidad y un no rotundo a los terroristas de la educación.

Universidad y referendo

2007-05-14T19:59:00.000-06:00

Sobre el TLC, muchos no nos sentimos representados por el Consejo Universitario

Alejandra Castro Bonilla
Profesora universitaria

La Rectora de la Universidad de Costa Rica constituyó una Comisión ad hoc de juristas y académicos que han contribuido a sustentar los pronunciamientos en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) que impulsan la Rectoría y el Consejo Universitario de esa institución.

Como académica de la Universidad de Costa Rica y docente de este centro de estudios desde hace varios años, igual que muchos profesores y estudiantes universitarios que no formamos parte de esa comisión u otra que haya convocado las autoridades universitarias, no me siento representada por los criterios institucionales y considero que los acuerdos y manifestaciones públicas que se han divulgado en torno al TLC no son reflejo de la voluntad consensuada de la comunidad universitaria.

Mediante un pronunciamiento aprobado el 18 de abril, el Consejo Universitario manifestó en torno al referéndum su exigencia de respetar la iniciativa ciudadana en la convocatoria; es decir, que en lugar de aprobar el referéndum por la convocatoria del Poder Ejecutivo (que además de expedita es más económica para el Estado), se inclinan por el proceso de convocar las 132.000 firmas en 9 meses que exige el proceso impulsado por el exdiputado Corrales y las organizaciones sociales.

Este último podría poner en peligro la adhesión de Costa Rica al tratado, considerando que debe aprobarse antes del 1.° de marzo del 2008. Pero, ¡claro!, eso se convierte entonces en ventaja.

Estrategia dilatoria. La UCR (o quienes asumen posiciones en su nombre) indica también que, previo al referéndum, se consulte la constitucionalidad del TLC a la Sala IV, en una estrategia más para dilatar el proceso, pues la Ley de jurisdicción constitucional no cita el referéndum como materia de consulta ante la Sala.

Indica también el acuerdo que el referéndum permite discutir de manera exhaustiva el TLC y organizarse para el proceso. ¿No lo han discutido lo suficiente en sus múltiples foros, seminarios, conferencias, publicaciones, cursos y demás? ¿Acaso las propuestas para la agenda complementaria que impulsó la UCR y su campaña contra el TLC no se fundaron en una amplio estudio?

Esta falacia populista de dar oportunidad al pueblo en realidad encierra el objetivo de arrebatarle la oportunidad de decidir. Costa Rica ya decidió. El problema es que unos pocos (mejor organizados) no lo aceptan. En un país donde un exprecandidato presidencial manifiesta públicamente que no hace falta leer el TLC para estar en contra (seña evidente de que nunca lo ha leído), es triste que se engañe a un pueblo para hacerlo creer que es bueno decidir con base en la ignorancia o los prejuicios.

Síntoma de degradación. Finalmente, en otro desacierto, la Universidad manifestó apoyo para que se retire el texto del TLC y los proyectos de la agenda complementaria de la corriente legislativa mientras se realiza el referéndum; reiterando además su oposición al acuerdo comercial. Desconoce la UCR que gran parte de dichos proyectos corresponden a compromisos asumidos por Costa Rica ante la OMC y no por derivación del CAFTA. Pero, lo que es peor, es que un centro de educación superior universitaria pida que no se discutan en el Congreso los proyectos de ley. Promover la discusión censurándola es solo un síntoma de la degradación del ambiente académico. La Universidad debería servir para promover el diálogo, para promover la investigación objetiva y para participar en los procesos de información ciudadana, pero nunca para tratar de imponer un criterio, politizando la discusión de los problemas nacionales.

No existe Estado democrático que se consolide hacia el desarrollo económico y el fortalecimiento de los valores cívicos y sociales si la propia academia se presta a este renovado populismo… la nueva enfermedad de este siglo.

Universidades estatales y TLC

2007-05-09T20:01:00.000-06:00

En la actualidad, el sistema universitario público costarricense es poco solidario.

Resulta inaudito ver cómo desaprovechamos valioso tiempo discutiendo ideologías huecas y teorías conspirativas, en lugar de preocuparnos por lo que realmente interesa, que es cómo mejorar la educación de nuestra juventud.

Los grupos que se oponen al TLC han manejado un discurso intransigente y monotemático, cuya única consigna es impedir que se apruebe el Tratado, aunque tengan que recurrir a la violencia. No proponen alternativas coherentes y, lo que es peor, no saben interpretar la democracia, ya que tanto en el Congreso como en la opinión pública el apoyo al TLC es de más del 60%. Si quisieran hacer una oposición responsable y constructiva, deberían estar aportando ideas para mejorar nuestra competitividad así como la calidad de nuestra educación universitaria, en caso de que el TLC se vote positivamente.

En el libroCuentos chinos , el periodista argentino Andrés Oppenheimer señala que Latinoamérica es una de las regiones del mundo donde todavía hay países que subsidian el estudio de quienes pueden pagar. Se trata de un sistema absurdo, mediante el cual toda la sociedad, incluidos los más pobres, subsidia a un gran número de estudiantes pudientes. Según datos proporcionados por el Banco Mundial, más del 30% de los estudiantes en las universidades estatales de México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y Argentina pertenecen al 20% más rico de la sociedad. Casi todos los países europeos dejaron atrás la educación universitaria gratuita, para cobrar una matrícula justa a los estudiantes de clase media y alta, ya sea durante los estudios o al finalizarlos. De esta manera financian alrededor del 20% del presupuesto anual universitario.

Irracional oposición. Hace 17 años, don Thelmo Vargas, entonces Ministro de Hacienda, propuso esta idea, que lamentablemente topó con una oposición irracional, muy parecida a la que se está dando hoy en contra del TLC. Los mismos demagogos que no se cansan de hablar de solidaridad, mas no la practican, recurrieron a su rutinario proceder de ir a huelga ante la ausencia de argumentos y esto, unido a un gobierno demasiado complaciente, hizo que don Thelmo renunciara a su cargo. Craso error, ya que hoy tendríamos un sistema universitario estatal más moderno, más pujante, con muchos más recursos económicos, que le permitirían adaptarse más rápidamente a las necesidades del mercado y del mundo.

Si nos preguntamos por qué la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, es la mejor y más prestigiosa del mundo, la respuesta podría ser que tiene un presupuesto anual de $2.600 millones para educar a 20.000 estudiantes, mientras que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México tiene un presupuesto anual de $1.500 millones para educar a 265.000 estudiantes.

En Costa Rica, la principal fuente de financiamiento del Gobierno para las cuatro universidades estatales lo constituye el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). En el 2007, el FEES asciende a la nada despreciable cifra de ¢128.000 millones ($246 millones) para un total de 75.338 estudiantes. Solo la UCR recibe de dicho fondo ¢70.000 millones ($134 millones) para educar a 32.412 estudiantes. Por concepto de matrícula, la UCR recauda alrededor de ¢2.000 millones ($3,8 millones), o sea un 2,8% del total del presupuesto anual. Como dato interesante, los estudiantes de la UCR que no tienen ningún tipo de beca pagarán este año un máximo de ¢114.000 por semestre, ¢19.000 por mes; para los estudiantes que vienen de colegios privados, esta cantidad representa una cifra ridícula.

Ni el costo mínimo. En resumen, el sistema universitario público es poco solidario. Si bien es cierto que muchos estudiantes pobres se benefician con becas que incluyen alojamiento, comida, transporte, libros, anteojos y citas médicas y odontológicas, es inconcebible que los estudiantes de estratos sociales medios y altos no paguen por lo menos el costo mínimo de los estudios.

La pregunta de rigor, la que se cae por su propio peso es: ¿qué están haciendo los miembros del Conare, los sindicatos y los dirigentes estudiantiles al respecto? Pareciera que nada. El último que se atrevió a tocar este tema a fondo fue don Thelmo Vargas, hace 17 años, y ya sabemos la reacción que generó. ¡Qué incongruencia! Los que se arrogan el derecho de defender a los pobres de los supuestos males del TLC, curiosamente no defienden a los pobres ni dan ninguna muestra de solidaridad en sus propios lugares de trabajo.

Por: Rolando Guzmán Calzada