Denuncian a UCR

DENUNCIAN A UCR POR USAR PLATA PÚBLICA EN CAMPAÑA DEL “NO”

Gerardo Ruiz Ramón


El Partido Liberación Nacional reprochó a las autoridades de la Universidad de Costa Rica, por haber otorgado permiso con goce de salario a su personal docente y administrativo para que participara en una marcha contra el TLC con Estados Unidos, realizada el pasado 14 de junio.

René Castro, secretario general de la divisa verdiblanca, aseguró que tal decisión de la rectora de la UCR, Yamileth González, constituye un uso de recursos públicos para hacer campaña contra el TLC, lo cual está prohibido en el Reglamento del Referendo emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones.

En el PLN afirman tener copia de la carta donde las autoridades académicas otorgaron el permiso con goce de salario a sus subalternos desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche del pasado 14 de agosto.

“No deja de sorprender que las universidades tengan que recurrir a que la gente vaya con salario a las marchas, a las manifestaciones o a los debates, pero sobre todo que aunque tienen claro que no pueden utilizar recursos públicos para este fin, lo estén haciendo”, dijo Castro.

Tomado de Diario Extra

En UCR se adoctrina y se acalla

¿Mienten los de la Asociación de Estudiantes de Derecho?

Andrea Marín
Estudiante de Derecho, UCR

He sido estudiante de la Universidad de Costa Rica y de la carrera de Derecho desde el 2003. Ingresé a la carrera porque creía en la labor de defender a aquellos que no tienen voz.

En esos días, un tema comenzó a estar en la boca de muchos: la supuesta negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC).

Compañeros de otras facultades y profesores se levantaban indignados al pensar que la primera potencia mundial podía “colonizar” a nuestro país a través del TLC. Personalmente, no entendía el porqué de sus palabras, así que comencé a informarme al respecto, a escuchar a los que estaban en contra, a estudiar derecho internacional público y hasta comercio exterior con personeros del Comex; todo para darme cuenta de que sus argumentos en contra se basaban más en ideología antiyanqui que en verdadera oposición a un tratado comercial.

En espacios contra el Tratado (que eran los más), levanté la mano para plantear mis puntos de vista, con la esperanza de que alguno de ellos respondiera a mis inquietudes. Lo único que recibí fueron risas burlonas, argumentos vacíos y, en no pocas ocasiones, gritos y amenazas de lo que mi posición me traería.

Represión. Tomé la decisión de no permitir que mi voz fuese acallada en la Universidad, por lo que, cada vez que tenía oportunidad, demostraba en mis clases los conocimientos y posición favorable; esta decisión me ha costado muy cara, ya que me ha traído el disfavor de los profesores, regaños enérgicos en medio de las lecciones y miedo al recibir un examen, puesto que sé que pueden tomar represalias por mi posición. Compañeros y amigos de todas las carreras han sucumbido al temor y hoy callan en clase, con miedo de que compañeros intolerantes y profesores que promueven esta actitud los tilden de “neoliberales”, “fascistas” y hasta “vendepatrias”. Una institución que debería enseñar, ilustrar y crear opinión, hoy se utiliza para adoctrinar y acallar a quienes se le oponen.

Esta represión está vigente en todos los ámbitos del claustro, aun en sus medios de comunicación como Radio U, donde se nos acusa de “inocentes” o “con intereses escondidos” a todos los que apoyamos el Tratado. Tan solo llamé indignada una vez al oír esto al programa “Fuera del Paraíso” y pregunté cómo una emisora de la Universidad, que debería respetar posiciones, podía ser tan parcial, a lo que, molesta, la conductora me respondió: “Esta es una emisora de la U; nosotros estamos en contra del Tratado; por ende, todos nuestros programas estarán parcializados y tiene que aceptar eso”. Huelga decir que nunca se mencionó mi llamada al aire, y el programa culminó diciendo que todos los estudiantes “que piensan” están en contra del Tratado.

En Derecho. Felicito y apoyo a mis compañeros de la Asociación de Estudiantes de Derecho, que muy valientemente se han levantado diciendo lo que todos callan: se vive represión en la Universidad y es un hecho conocido por todos. A ellos no les ha importado ganarse el descontento de sus profesores, tampoco que los acusen de tener intereses escondidos al solicitar un debate serio y fundamentado del TLC. No se han hecho para atrás, aun cuando autoridades de la Universidad abusan de su posición y les dan votos de censura para callar su voz. Se han mantenido fieles a lo que creen y hoy demuestran que cumplen su vocación en la Facultad de Derecho y nos dan voz a muchos que no tenemos. Soy una testigo más de que sus palabras son reales. ¿Vamos a seguir creyendo lo que dicen las autoridades de la U? ¿Realmente los miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho mienten?

El traspié de la UCR

Armando González

El fallo de la Sala IV sobre la constitucionalidad del TLC desacredita a la Universidad de Costa Rica. Los magistrados rechazaron todos los argumentos incluidos por la casa de estudios en su lujoso folleto sobre supuestos roces del TLC con la Constitución Política, pero el descrédito no está en el error de las tesis, sino en el dogmatismo con que la Universidad intentó imponerlas.

El folleto, editado con dinero público, solo recoge tesis de opositores al TLC, que a la postre resultaron erradas. En los círculos académicos abundan los defensores del Tratado, pero a ninguno de ellos se le invitó a participar. Ahora sabemos que sus tesis son las correctas, al menos desde el punto de vista de la Sala IV, pero nadie supo de ellas por boca de la Universidad.

Al silenciar las tesis favorables a la constitucionalidad del Tratado, y a la postre correctas, lo que pudo ser un sano contraste de argumentos jurídicos divergentes se convirtió en un panfleto político editado con dinero del público.

Insistan las autoridades universitarias en que los magistrados se equivocan, pero admitan, al menos, que las tesis opuestas tenían mérito suficiente para figurar en un folleto. Eso debería estar fuera de toda duda ahora que la Sala dio la razón a los defensores de la constitucionalidad del Tratado.

Para encuadrar su conducta en el espíritu académico, que todo lo cuestiona y todo lo indaga, la Universidad no debió faltar a su deber de incluir los dos puntos de vista. Sin embargo, hace rato que allí los valores de la academia cedieron terreno a la calentura de la militancia.

La crítica no calza a toda la comunidad universitaria, entre cuyos miembros abundan los fieles a los valores de la academia, pero sí a las autoridades capaces de tomar decisiones tan desafortunadas.

La Universidad no es un partido político y, si la ley le concede autonomía, es para que en ella se discuta, con absoluta libertad, la más variada gama de ideas. Ese pluralismo está en la base del quehacer académico y su promoción debería figurar entre las más altas prioridades del gobierno interno.

La UCR está a tiempo de enmendar el error. Podría publicar, por ejemplo, un folleto equivalente con el texto de la sentencia, incluyendo los votos disidentes. Es solo un deseo y vale la pena expresarlo, aunque no haya esperanza de verlo cumplido.

Tomado de La Nación

UCR la Conciencia crítica

La Universidad de Costa Rica debe dar cuenta abierta de sus actos
La autonomía no implica aislarse ni estar por encima de las leyes


Hace unas tres décadas tomó vida el concepto de que la universidad debe ser la "conciencia crítica de la sociedad".

En general se ha referido a la importante misión que tienen los centros de enseñanza superior de iluminar con su pensamiento diferentes facetas del acontecer nacional; también, de identificar, denunciar y corregir problemas.

Años después, Carlos Tunnerman, la personalidad más destacada de la vida universitaria nicaragüense, replanteó la idea y postuló que, también, la sociedad debía ser "conciencia crítica de la universidad".

Quería decir que los individuos, grupos e instituciones están en el derecho, y también el deber, de pedir información, criticar o exigir cuentas a las autoridades de las universidades públicas.

El ejercicio de esta "conciencia crítica" social en relación con las universidades no afecta en nada su autonomía; menos, la libertad de cátedra y pensamiento, pilares fundamentales de su quehacer.

Simplemente, forma parte de un diálogo social constante, en el que las universidades no pueden pretender comunicarse en solo una vía. Por esto, cuando surgen cuestionamientos sobre actitudes o conductas de autoridades o instancias universitarias, lo que corresponde, de su parte, es ser absolutamente transparentes y brindar explicaciones exhaustivas, no caer en el cuestionable ejercicio de equipararlos con intentos por limitar su independencia.

Decimos lo anterior porque el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) y su rectora, Yamileth González, han reaccionado de una forma desproporcionada y falaz ante una apropiada observación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ante una consulta del joven Fernando Orozco, de la Asociación de Estudiantes de Derecho de esa institución, el TSE resolvió que la autonomía de la UCR "no puede ser motivo para ocultar o disimular un inadecuado control (interno) para la utilización de recursos públicos", en la campaña para el referendo sobre el TLC; además, se manifestó en contra de realizar, en sus auditorios, "conferencias que conlleven tendenciosamente fines propagandísticos".

Considerar esta resolución, o las críticas de personalidades, grupos o ciudadanos hacia la conducta de la UCR, como intentos de censura o irrespeto a la autonomía, es desproporcionado y falaz, sobre todo de parte de una institución que emite frecuentes criterios (a menudo negativos) sobre otras instituciones o decisiones nacionales.

La declaración del TSE se refirió a un tema concreto: el uso de fondos públicos por parte de la UCR para propaganda sobre un tema que irá a referendo,y que, por ese motivo excepcional, requiere una cuidadosa supervisión de las autoridades electorales, de la cual ninguna institución pública se encuentra exenta. Las universidades, gracias a nuestra institucionalidad democrática, son autónomas, pero no están por encima de la Constitución y de las leyes.

En el trasfondo, además, hay una triste realidad: la UCR no ha guardado ningún equilibrio en torno a la discusión sobre el TLC. Por ejemplo, las comisiones que ha establecido para analizar distintos aspectos del Tratado no han tenido adecuada diversidad; en sus medios de comunicación existen evidentes sesgos hacia el "no"; la antigua "cazadora anti-TLC" recibió su apoyo técnico; en sus "quioscos informativos", enmarcados como "trabajo comunal", prevalecen materiales adversos al Tratado, y las "mesas redondas" sobre él tienden a ser un ejercicio de pensamiento único.

Todo lo anterior sugiere una deliberada decisión de que, en las actividades que realiza la UCR sobre el Tratado, no se refleje la diversidad de pensamiento que existe en su seno, lo cual, indirectamente, afecta la libertad de cátedra; además, exacerba los ánimos.

Hasta aquí el problema, aunque sumamente grave para la comunidad académica y estudiantil, podría ser más de índole interna que externa y, por ello, ajeno a cualquier otra institución. Sin embargo, tras la convocatoria al referendo adquirió otro cariz, porque roza claramente con lo que establece el Código Electoral sobre el uso de fondos públicos para campañas. De aquí la justificada inquietud y resolución del TSE.

Tanto la Rectora como los miembros del Consejo Universitario están en su derecho de hacer campaña como quieran. Es más, sus posiciones personales públicas deben ser bienvenidas, como es el caso del rector del Instituto Tecnológico, Eugenio Trejos. Lo que resulta censurable es valerse de una institución de enseñanza e investigación para, distorsionando su misión, inclinarla totalmente hacia una postura. Sobre esto, la sociedad, como conciencia crítica de la universidad, debe mantenerse alerta.

Tomado de La Nación

UCR viola la Ley de Referendum

En la reciente resolución del TSE, Nº 1617-E-2007, del 12 de julio del 2007, dice lo siguiente:

"Tampoco es permitido que dicha Casa de Enseñanza (UCR) realice, en sus auditorios, conferencias que conlleven, tendenciosamente, a FINES PROPAGANDISTICOS a favor o en contra de la consulta, salvo que se trate de actividades, foros o debates que sirvan exclusivamente para informar del tema ... la independencia funcional y la plena capacidad jurídica que tiene la Universidad de Costa Rica para dictarse su gobierno y organización propia, según la garantía que le otorga el artículo 84 de la Constitución Política, NO PUEDE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, servir de motivo para ocultar o disimular un inadecuado control y utilización de recursos públicos"

Sin embargo leemos que el día de ayer 21 de julio, tan sólo 11 días después de emitida la resolución:

"Grupos opositores al TLC se reunieron ayer en la Universidad de Costa Rica (UCR), en San José, ante la convocatoria de la Coordinadora Nacional contra el Tratado. Su objetivo fue afinar su logística y preparar manifestaciones para los próximos dos meses.

Además, los opositores preparan una participación durante la romería a la basílica de los Ángeles el miércoles 1.° de agosto y alistan un evento para el 15 de setiembre.

Ayer, entre quienes dirigieron palabras a los asistentes, resaltaron los epítetos contra las decisiones del TSE, la Sala Constitucional, el Gobierno y los empresarios.

"El TSE se vendió a los grupos empresariales y está al servicio de los gobernantes. Hoy la UCR demuestra que está al servicio del pueblo", dijo Ricardo Solís, presidente de la FEUCR"

Así que, en clara violación de la LEY y de las resoluciones el TSE, en una clara afrenta contra el Pueblo y sus instituciones, la UCR sigue organizando actividades con fines propagandísticos dentro de sus instalaciones, con FONDOS PUBLICOS.

Resulta doblemente indignante además leer que pretenden hacer marchas de protesta el Día de la Virgen y el Día de la Independencia, y que personajes cómo Ricardo Solís, que no es más que un ignorante electo por el 7,9% de los estudiantes de la UCR, se atreva a decir que él o la UCR representan a alguien.

Hasta cuándo !!!

Resolucion del TSE sobre la propaganda en la UCR

Nº 1617-E-2007.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las siete horas con treinta minutos del doce de julio del dos mil siete.

Consultas acumuladas respecto de los alcances de la resolución n.º 1119-E-2007 que se refirió a la aplicación, a los funcionarios públicos, del artículo 88 del Código Electoral y normas conexas en el proceso de referéndum relativo al proyecto de ley de aprobación del “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica -Estados Unidos” (TLC).

3) Aclaración pedida por el señor Fernando Orozco Salas, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica:

El estudiante Fernando Orozco Salas, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica, pregunta sobre los siguientes aspectos:

"I.¿Qué extremos de la resolución antes mencionada aplican para los funcionarios de la Universidad de Costa Rica?

• ¿Qué recursos económicos y humanos podrá utilizar la Universidad de Costa Rica para publicidad respecto al TLC?
• ¿Se podrán utilizar horas laborales para realizar dichas funciones de publicidad?
• ¿De qué manera se regularan (sic) los espacios en Radio Universidad, Canal 15 y Semanario Universidad, siendo que los mismos se financian con fondos públicos?
• ¿Cómo se reglamentará la publicación de campos pagados por parte de la Universidad en medios masivos para realizar publicidad con respecto al TLC?
• ¿Puede la Universidad de Costa Rica realizar conferencias exponiendo el criterio ya emitido por el consejo universitario de rechazo al Tratado de libre comercio utilizando para ello los auditorios de las distintas sedes y empleando algunos de sus funcionarios a tiempo asalariado para ello?"

En primer término, de la relación armónica de los numerales 84 de la Constitución Política, 1 inciso 4) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 111 de la Ley General de la Administración Pública, es indudable que quienes laboran en la Universidad de Costa Rica ostentan la condición de servidores o funcionarios públicos.

Consecuentemente, los extremos de la resolución n.º 1119-E-2007, en tanto atañen a la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan participar en los procesos de referéndum, les son aplicables en todos sus extremos.

Lo anterior no significa, respecto de las preguntas dos y tres de esta consulta, que el funcionario universitario pueda hacer uso de recursos públicos para apoyar o financiar las campañas a favor o en contra de la consulta que interesa, lo cual, a la luz de la trascripción del artículo 24 del "Reglamento para los procesos de referéndum", constituye una prohibición expresa cuya trasgresión, de comprobarse, ha de ser sancionada según lo que determine la Contraloría General de la República y la normativa interna de la Universidad.

En esa misma línea, no es dable utilizar horas laborales para promocionar o participar en las mencionadas campañas, salvo que se cuente con el permiso de la jefatura que corresponda, según ya fue reglamentado.

En lo que atañe a la regulación de los espacios en Radio Universidad, Canal 15 y Semanario Universidad (pregunta n.º 3), deberá estarse a lo dispuesto en el reglamento de marras según se expone seguidamente:

a) la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica costarricense pueda pautar en los medios de comunicación espacios propagandísticos a favor o en contra del proyecto sometido a consulta está sujeta a que el total de los aportes contabilizados, a partir de la convocatoria, no exceda de veinte salarios base (artículo 19);

b) los viernes de cada semana, en el período comprendido entre la comunicación oficial de la convocatoria y el día en que se lleve a cabo el referéndum, los medios de comunicación deben informar al Tribunal de todos los espacios de propaganda que hayan sido contratados en esa semana con inclusión del nombre, número de cédula y datos pertinentes para la localización de la persona responsable de la publicación (artículo 20);

c) los medios universitarios deben remitir al Tribunal las tarifas vigentes dentro de los tres días hábiles posteriores a la comunicación oficial de la convocatoria, con indicación de cualquier cambio de dichas tarifas (artículo 21).

Sobre las preguntas 4 y 5, cabe apuntar que NO está permitido que la Universidad de Costa Rica, como órgano estatal, publique en medios de comunicación masivos, con recursos públicos, campos pagados a favor o en contra del tema objeto de la consulta en referéndum.

Tampoco es permitido que dicha Casa de Enseñanza realice, en sus auditorios, conferencias que conlleven, tendenciosamente, a fines propagandísticos a favor o en contra de la consulta, salvo que se trate de actividades, foros o debates que sirvan exclusivamente para informar del tema según lo establecido en el artículo 24 supra trascrito.

En la forma expuesta, la independencia funcional y la plena capacidad jurídica que tiene la Universidad de Costa Rica para dictarse su gobierno y organización propia, según la garantía que le otorga el artículo 84 de la Constitución Política, NO PUEDE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, servir de motivo para ocultar o disimular un inadecuado control y utilización de recursos públicos.

Intolerancia en la UCR

Nos oponemos al uso de la UCR y sus recursos para favorecer el “no” al TLC

Fernando Orozco Salas
Presidente junta directiva AED y ocho firmas más


Hace poco más de un mes, la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) hizo de conocimiento público una petición de equilibrio en la información y debate académico respecto al TLC, pidiendo al mismo tiempo una aclaración de cómo debía ser la aplicación de las disposiciones del TSE en el ámbito universitario. Aportamos a continuación tres situaciones concretas que ilustran claramente la intolerancia en la UCR. Juzgue usted.

Censura. Por nuestra consulta al TSE, el Consejo Superior Estudiantil, en acuerdo con la Feucr, dictó contra nuestra asociación un voto de censura, mediante el cual nos solicitan también el retiro de dicha consulta, diciendo que por preguntar al TSE violamos la autonomía universitaria. Similar opinión tienen la Rectoría y el Consejo Universitario. Esta autonomía es dada para lograr el cumplimiento de los fines específicos de la Universidad, como son el debate académico y la pluralidad de pensamiento. Fines que son precisamente los que queremos defender y no violar (como nos acusan falsamente). Asimismo, esta autonomía no convierte a la UCR en una isla donde las leyes del país no se aplican, y se da un espacio a las estructuras universitarias de sustraerse de la aplicación de la ley y de la justicia electoral. Es inaceptable que la censura, arma de los autoritarios que no admiten cuestionamiento alguno y levantan sus voces contra los que tienen una opinión distinta, sea utilizada en nuestro país.

Función de las autoridades. Ante el pedido hecho por la AED, la rectora, Yamileth González, expresa lo siguiente: "La universidad no ha sido ni será nunca neutral, eso es ir en contra de la esencia de la institución, y yo siempre estaré en desacuerdo con propuestas de ese tipo" ( Semanario Universidad , 28/6/07).

Profesamos que la universidad ha de ser imparcial en las oportunidades reales que brinde, propulsando constantemente los medios adecuados para lograr que los universitarios se informen de ambas posiciones del Tratado para que puedan formular sus propios criterios. Hay que recordar que es cada persona la que va a votar en el referéndum, no el Consejo Universitario o la AED, es cada estudiante.

La directora del Consejo Universitario dicen que la Universidad favorece el "no" por cuanto los medios privados solamente favorecen el "sí"; y, por ello, "ha cumplido a cabalidad con su parte, incluyendo con su responsabilidad de compensar los desequilibrios informativos que se dan fuera del ámbito universitario" (Opinión, La Nación , 23/06/07).

No queremos una universidad que se dedique a favorecer una posición, que escude el adoctrinamiento bajo el nombre información. Queremos una universidad que forme jóvenes con conciencia crítica, que puedan tomar sus propias decisiones. De nuestra parte, si es necesario, volvemos a lanzar los "graves cargos contra la Universidad de Costa Rica (UCR), acusándola de abandonar su vocación académica y pluralista y de cerrarse a ideas en torno al TLC", por una simple razón: ¡son ciertos!

Reclutamiento. Ahora, debemos denunciar una situación más. La vicerrectoría de Acción Social reconocerá a los estudiantes matriculados en cualquier Trabajo Comunal Universitario hasta 100 horas de trabajo a todos los estudiantes que se dediquen a distribuir el material producido por la UCR acerca del TLC y el referéndum. Aquí cabe señalar no solo la parcialidad con el "no" al TLC de estos documentos, sino también el uso de incentivos para que 150 estudiantes vayan de gira por todo el país repartiendo esta información. ¿Y todavía piden que retiremos la consulta al TSE sobre el uso de fondos públicos para promover la posición del "no"? La resolución 1119-E-2007 es muy clara, existe "prohibición de utilizar recursos públicos que, directa o indirectamente, favorezcan las campañas a favor o en contra del proyecto consultado".

Los estudios de la UCR primero adoptan una posición ideológica y luego se maquillan con la ciencia o el derecho, como se manifiesta en el "estudio" que dictaminó las "inconstitucionalidades" del TLC. Si quiere, tómelas en cuenta como una opinión, aunque la Sala Cuarta, por amplia mayoría, no pudo hacerlo.

Nuestra voz se opone a la utilización del nombre de la UCR para sostener posiciones ideológicas al respecto del TLC. Aquella casa, una vez declarada institución benemérita de la educación y la cultura, hoy se reduce a una sede de campaña electoral para un grupo ideológico, con financiamiento del país entero.

"Nunca se pone más oscuro que cuándo va a amanecer". Esta lucha por recuperar nuestra alma máter apenas empieza.

LA SALA CUARTA DIJO SÍ

Y pasó lo que tenía que pasar. La Sala Constitucional -en consonancia con la reiterada jurisprudencia de ese alto tribunal- avaló sin ambages el TLC. Atrás quedaron los alambicados argumentos de los neófitos en comercio internacional que, sin vergüenza profesional, se dedicaron durante muchos meses a inventar las alegaciones más absurdas para "demostrar" los "vicios insalvables" de este acuerdo comercial. Al basurero se fueron las 14 falacias jurídicas que fabricaron los "académicos" de la Universidad de Costa Rica, cuyo Consejo decidió hincarse ante el prejuicio ideológico y olvidarse de la diversidad de opiniones y el debate de ideas, en especial de aquellas que a la postre resultaron ser las válidas.


El fallo confirma que con el TLC no perdemos la Isla del Coco y que no se llevarán en estañones las aguas de nuestros ríos; que no se entregó la soberanía nacional ni se destruirá el Estado Social de Derecho. Que el acuerdo no vulnera el derecho constitucional a la salud, no afecta los derechos laborales, ni debilita la protección del ambiente. Que no nos convertiremos en productores de armas, no nos dedicaremos al tráfico de órganos humanos, ni desprotegeremos a los agricultores. Que los negociadores no eran unos vende-patrias y que, a diferencia de quienes hicieron suyas estas bufonadas jurídicas, aquéllos sí sabían lo que estaban haciendo.


Con la resolución quedan disipadas las dudas que los opositores habían pretendido sembrar entre los costarricenses mediante la repetición constante de la mentira camuflada de argumento legal, el sofisma embaucador disfrazado de lección catedrática, y las medias verdades que es siempre la mentira más completa en especial si ésta es propalada con la propiedad de un "especialista". La Sala Constitucional arroja luz en donde otros han querido que prevalezca la oscuridad y su esclarecedora resolución permitirá que el país tome en paz y tranquilidad una decisión cuya importancia ha rebasado ya lo comercial, para convertirse en un espaldarazo a la institucionalidad, a la democracia republicana y al respeto de las mayorías.


Ahora que el 95% de los "argumentos" de los opositores del TLC han quedado destrozados y que se sobrepasó uno más de los múltiples escollos que han querido interponer para impedir su aprobación, debemos prepararnos para resistir los embates de la etapa final: más mentiras impúdicas, más insultos y agresiones, nuevas profecías apocalípticas para seguir atemorizando a la población. Hoy es momento de celebrar pero no por ello bajemos la guardia. Estemos listos para utilizar la verdad, el argumento y el sentido común contra el cinismo de los opositores. Estemos listos, sobre todo, para utilizar nuestro voto para decirle SÍ al futuro y al progreso el próximo 07 de octubre, día en que los costarricenses recobraremos nuestra democracia.




¡POR COSTA RICA SÍ AL REFERENDO, SÍ A LA DEMOCRACIA, SÍ AL TLC!

Tomado de: Por Costa Rica