Refutan análisis de la UCR sobre roces constitucionales del TLC
Karina Alpízar Corella
kalpizar@prensalibre.co.cr
La Prensa Libre
Un grupo de 22 expertos en materia constitucional refutó los supuestos vicios de constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos divulgados por la “Comisión especial sobre roces constitucionales del TLC” de la Universidad de Costa Rica (UCR). Con el fin de plantear un análisis
equilibrado del contenido del proyecto y sus implicaciones acorde con el marco jurídico costarricense.
El especialista en materia constitucional Fabián Volio participó en la elaboración del documento. En una entrevista con LA
PRENSA LIBRE destacó que el texto emitido por la UCR no respondía a la versión de ese centro universitario, sino a la interpretación de un comité creado por la rectora, Yamileth González, para rendir un informe unilateral.
Según dijo, solo se tomó en cuenta el criterio de abogados quienes han mostrado una clara oposición al acuerdo comercial con los estadounidenses; no se le consultó a los demás profesionales de la escuela de Derecho, quienes manejan un amplio bagaje de conocimientos en materia constitucional.
Volio explicó que la conformación del Comité fue el primer indicio para dejar claro que se buscó la elaboración de un análisis sesgado de objetividad, una situación que consideró preocupante porque se trata de un tema de interés nacional, donde versiones van y vienen, sin sustento jurídico o elementos verídicos para generar un criterio en la población.
Aunado a ello, lamentó que se use el argumento de la autoridad o el cargo máximo dentro de una entidad académica superior para dirigir la opinión de los universitarios y costarricenses, sin que medie un argumento real o siquiera una verdad. Todo se manejó en la dirección que deseaba la rectora González.
Precisamente, dentro de las conclusiones del documento de 20 páginas, los expertos en materia constitucional refutan a la Comisión de la UCR que sus argumentaciones de inconstitucionalidad se sustentan en interpretaciones erróneas del texto, abunda en criterios de oportunidad y conveniencia de sus autores sobre los supuestos efectos del tratado para el país; “los cuales son discutibles y claramente insuficientes para fundamentar, desde un punto de vista jurídico, vicios de inconstitucionalidad”, detalla el informe.
En la elaboración de la respuesta al informe de la UCR colaboraron también los abogados Esteban Agüero, Rubén Hernández, Eric Scharf, Edgar Tenorio, Luis Adolfo Fernández, Alan Thompson y otros profesionales en materia constitucional.
“Ni agrega, ni quita derechos”
Volio comentó que el análisis de la UCR está equivocado porque parte de la premisa de que “todo lo que no está en el Tratado no existe”; y según explicó “el TLC no tiene por propósito ni quitar ni agregar derechos o reglas en materia laboral, ambiental o contratación administrativa; su único fin es regular los linimientos jurídicos relacionados con los fines comerciales, para evitar competencia desleal u otros elementos que perjudiquen la equidad en el intercambio de los productos.
Por ejemplo, en cuanto a la supuesta inconstitucionalidad de la definición de “legislación laboral”, el grupo de expertos aclaró que el concepto contenido en el TLC busca únicamente delimitar el ámbito de aplicación del acuerdo con respecto a ciertos derechos laborales mínimos que los Estados acuerdan respetar, sin perjuicio de que cada país establezca regulaciones de mayor cobertura.
En cuanto a los elementos cuestionados por la “incorporación de reglamentos técnicos a la legislación nacional” se menciona que el principio no implica la aplicación automática de leyes o formativas extranjeros al ordenamientos jurídico nacional, ya que cada país mantiene vigente y utiliza la legislación interna, mientras que cualquier regulación extranjera que se acepte como equivalente debe emitirse y promulgarse de acuerdo con el marco jurídico costarricense.
El abogado Volio aseveró que los lineamientos jurídicos costarricenses, las convenciones internacionales en todas las áreas están por encima del TLC; de ninguna manera el acuerdo comercial tiene una potestad superior a criterios legales de peso asumidos por el Estado Costarricense.
